LOS partidos de izquierdas y los nacionalistas más moderados están considerando una reforma de la Constitución, tomándola como la vía de salvación de la relación de Cataluña con el resto de España. Se insiste en subrayar que con una estructura federal el problema se resolvería.

La impresión que se transmite a los ciudadanos es que el problema es de naturaleza semántica. Si se adopta el término federal en una Constitución reformada, las diferencias se resolverían. En realidad, una operación meramente cosmética de reforma sin que las comunidades autónomas recibieran mayores competencias y recursos, equivaldría a no hacer nada sustancial que resolviera los problemas que -se supone- vendría a resolver una reforma de corte federal.

En realidad, no es el único punto de vista. La mayoría de los partidos en Cataluña están alineados con una de las siguientes posturas: o se transfieren nuevas competencias y recursos económicos del Gobierno central o se toma la vía de la independencia.

Nos integramos hace más de 25 años en un mercado único, sobre el que se ha ido construyendo una estructura jurídica homogeneizadora de la actividad económica de las empresas y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Modificar esa estructura otorgando mayores poderes normativos a un número más elevado de estructuras políticas y jurídicas, representa un paso atrás en el proceso de construcción de un único espacio económico. Señalemos algunos ejemplos.

La regulación de la competencia entre empresas en distintos sectores económicos, ha deparado un efecto muy positivo para que los bienes y servicios sean más baratos y de mayor calidad en toda la UE.

La regulación del mercado de trabajo, admite variaciones nacionales sin que represente una ruptura de la unidad de mercado. Las políticas activas de empleo cambian entre los distintos territorios, adaptándose a condiciones locales singulares. Pero una libertad absoluta entre los distintos territorios facilitaría situaciones de dumping social, que tanto rechazan los partidos tradicionales de la izquierda.

Una legislación fiscal dispersa y variada, no tiene necesariamente que ser dañina para la actividad económica, en la medida en que fomente la competencia. La experiencia comparada muestra, sin embargo, que los gobiernos las utilizan discrecionalmente para estimular la instalación de empresas o personas físicas -en muchas ocasiones sin presencia física real- con el objeto de disminuir la factura fiscal. Sólo en enormes territorios -EEUU, Australia, etc- esa variedad podría ser neutral.

Los derechos de los consumidores absorben una buena parte de la actividad normativa de los gobiernos. Las bien intencionadas políticas de protección pueden chocar con los elevados costes que soporten las empresas si esas políticas varían significativamente entre territorios.

Respecto del medio ambiente, la mayoría de las normas desbordan las fronteras políticas entre territorios, porque por su propia naturaleza afectan a todos con independencia de su naturaleza política.

Recientemente, el Gobierno británico encargó a un grupo de expertos que estudiaran las posibles devoluciones de poder de Bruselas a Londres. Las conclusiones generales para los 17 asuntos que estudiaron fue que Bruselas tenía poco que ofrecer como devolución, sin romper los aspectos fundamentales de pertenencia a un mercado único y las instituciones asociadas al mismo.

Puede ocurrir, aunque en sentido contrario, que los expertos que estudiasen las posibles ampliaciones de competencias para redefinir el Estado y calificarlo de federal, llegaran a conclusiones similares.

Adicionalmente, el problema surgiría sobre la financiación de esas competencias. No es sólo Cataluña la que exige más recursos; comunidades que son aportadoras netas como Madrid y Baleares, están también exigiendo una mejora en la financiación.

Las demandas catalanas no será posible atenderlas si el resto de comunidades no acepta un trato favorable a sus tesis. En la práctica podría llegarse a una situación muy próxima a la del País Vasco y Navarra, en la que su aportación a la Hacienda central sería nula.

¿Podría la estructura del Estado financiarse en ese escenario? Difícilmente. El País Vasco y Navarra representan algo menos del 7% del PIB español. En el caso de Cataluña representa el 20%. La financiación privilegiada que reciben esos territorios -que les permite gastar por habitante un 40% más que la media española- se absorbe por el resto del Estado por su escaso peso económico. Pero un 20% es un peso considerable. En cualquier caso, no creo que deseemos otro régimen fiscal como el del País Vasco, aun cuando se pudiera llegar a un acuerdo. Podemos soportar un privilegio, pero no dos.

En todo caso, dudamos mucho de que en el caso catalán una reforma federal, incluso con mayores competencias, pueda satisfacer las expectativas que se han alimentado. Si esa es la vía que eligen, no han sopesado la reacción de las empresas instaladas allí. Como en el caso británico -si dejase la UE- en el que Nissan ya ha advertido que revisaría sus inversiones en el Reino Unido, las multinacionales instaladas en Cataluña no reaccionarían de forma distinta. Un pequeño país fuera de la UE y con una creciente animadversión hacia España no sería el lugar para establecer sus operaciones.

Si continúan seriamente por la vía separatista, no creo que tardemos mucho en oír declaraciones de ejecutivos de multinacionales instaladas en Cataluña advirtiendo de los riesgos de una atmósfera crecientemente independentista. Son el mercado y la densa red de relaciones económicas que se han generado dentro de la propia UE los que van a marcar los límites a las estructuras políticas que quieran construirse en adelante.