Hablar del problema de la vivienda es como hacerlo de la educación, derechos reconocidos en la Constitución que todos dicen abrazar, pero que son complejos. Cuando surge el necesario debate, éste suele ser más prolijo en armas arrojadizas que en soluciones.

La actualidad de las últimas semanas en la provincia de Sevilla ha puesto de relieve dos de los aspectos más acuciantes en ese sentido de los que las administraciones deberían ocuparse. Uno es la situación de muchas familias modestas que, en la crisis de la última década -que ni mucho menos ha pasado para todos- vieron truncados sus planes de futuro al perder empleos y entrar en un bucle de impagos de hipotecas, que les impide remontar cuando el acceso a un alquiler, y más en sus circunstancias, es prohibitivo.

Los desahucios, como publicó Jorge Muñoz con datos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, aumentaron en casi un 14% en 2019. La razón la explica en parte la plataforma que se ha constituido en San Juan de Aznalfarache para luchar contra ellos. Las viviendas de los bancos, que accedieron a firmar alquileres sociales con las daciones en pago, han pasado a fondos de inversión y no los están renovando. El Ayuntamiento aduce que lo ha intentado todo, pero se topa con un muro y una ley que no le da herramientas suficientes. Hacen falta programas específicos para sacar a estos vecinos de ese círculo.

El otro aspecto es el de las ocupaciones de viviendas que tiene que ver más con el fenómeno del chabolismo, que se ha visto influenciado también por la crisis del ladrillo. Las urbanizaciones que quedaron a medio hacer se convirtieron en alternativa a los campamentos. También hay más denuncias porque se ha clarificado la propiedad de los inmuebles y los dueños, los únicos que pueden iniciar el proceso judicial de desalojo lo hacen antes. Ello ha hecho que la movilidad, salir de un sitio para ocupar otro, sea una de las características. Hay casos que se enquistan, pero normalmente no se ciñen ya a un único municipio, lo que hasta podría facilitar el indentificar a estas familias, escolarizar a los menores, trabajar con ellos...

A escala metropolitana fundamentalmente, requiere de políticas equiparables a las que se han venido desarrollando en asentamientos fijos, como el del Vacie, que el Ayuntamiento de Sevilla estima que podría desaparecer incluso a lo largo de este mandato.

Las respuestas son necesarias. Casos como el que se ha producido en Villanueva del Ariscal, donde la última casa ocupada era el hogar de una pareja de abuelos que se trasladó temporalmente con una hija por problemas de salud, no son admisibles y afrontarlos de forma inmediata es además la manera de evitar los perniciosos bulos y brotes de peores consecuencias.

El Estado y la Junta, con los ayuntamientos, deben contar con protocolos al margen de los plazos de los tribunales, para que nadie pueda arrogarse que soluciona las ocupaciones "con su sola presencia", el desconcertante mensaje de Vox tras el desalojo voluntario de la vivienda arisqueña.