EUROPA ha pedido a Grecia que todavía tiene que ajustar el cinturón del sector público en un par de tallas. El funcionamiento del estado griego costó 125.000 millones de euros en 2009, pero nunca ha sido capaz de generar más de 90.000 millones de recursos. Era el coste de la sanidad y la enseñanza pública, de las fuerzas de seguridad y el ejército, el sueldo de los funcionarios y los gastos generales del gobierno, los ayuntamientos y otras instituciones del estado. Una parte de esa cantidad se invertía en la construcción o reparación de hospitales, colegios o carreteras y otra en el pago de pensiones y en ayudas a los parados y a la gente más necesitada. Algunas partidas dependen de las características del país, como el transporte para la población diseminada en las islas del Egeo o el mantenimiento del extraordinario patrimonio histórico.

También se da la circunstancia de que el estado del bienestar se ha extendido considerablemente, permitiendo que sus ciudadanos se jubilen antes que en otros países o que la red de instituciones públicas y privadas que se financian, al menos en parte, con fondos públicos, sea particularmente amplia.

No sería un grave problema si no fuera porque la diferencia entre ingresos y coste de funcionamiento del estado ha sido negativa durante toda la década pasada, dando lugar a un endeudamiento que ya supera los 325.000 millones de euros (1,4 veces el valor de su PIB anual). Había sido posible gracias a unos ingresos fiscales que crecían al mismo ritmo que la economía y a unas ayudas europeas que en los años previos a su entrada en el euro llegaron a representar el 4% del PIB. La crisis no impidió que los costes siguieran creciendo a mayor ritmo que los ingresos y que hace un par de años el déficit público alcanzase la cifra récord de 35.000 millones de euros, en números redondos. La circunstancia fue aprovechada por los mercados para plantarse y suspender los préstamos hasta que el gobierno explicase como pensaba resolver sus problemas y garantizar el cumplimiento de sus compromisos pago. Los griegos se vieron obligados a reconocer la gravedad de su situación y al año siguiente consiguieron reducir costes en unos 10.000 millones de euros, aunque los ingresos quedaron prácticamente como estaban. Un tremendo esfuerzo, en cualquier caso, que permitió situar el déficit por debajo de los 25.000 millones, aunque para sus acreedores todavía sigue siendo una cantidad excesiva, dado que las necesidades del gobierno no se limitan a la diferencia entre ingresos y coste, sino que también necesita pedir préstamos para el pago de los intereses de la deuda que mantiene y los vencimientos que se van produciendo. Una situación extraordinariamente difícil que, según sus socios europeos, no se soluciona con nuevos préstamos, sino mediante el ajuste del coste del estado a los recursos que genera. Europa ha dicho a Grecia que tiene que hacer más sacrificios para solventar el problema y que al gobierno corresponde decidir cómo se reparten entre la población. Es de suponer que alguien estará tomando notas en España, sobre todo en vísperas electorales y con los "indignados" a las puertas del Congreso.