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HARÁ mal el Gobierno si a raíz del pronunciamiento de la Conferencia Espiscopal sobre las elecciones del 9 de marzo -que contiene una dura descalificación de la política llevada cabo por el PSOE en estos cuatro últimos años- decide tensar la cuerda de sus relaciones con la Iglesia en busca de réditos electorales. Varios hechos sucedidos durante los dos últimos días apuntan en esa dirección, como la protesta elevada al Vaticano, de la que daba cuenta ayer el ministro de Asuntos Exteriores, o las declaraciones realizadas la víspera por el presidente andaluz, Manuel Chaves, y por el cabeza de la lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Guerra, que abogaba abiertamente por la ruptura de los acuerdos que regulan las relaciones entre España y la Santa Sede. Si con ello el PSOE busca movilizar a su electorado más radical puede que tenga éxito pero a costa de abrir un conflicto que es visto con disgusto por amplísimas capas de la población, entre las que se encuentran muchos votantes del PSOE satisfechos, por ejemplo, de que sus hijos reciban educación en centros concertados con la Iglesia. La declaración de los obispos puede parecer más o menos oportuna y estarse más o menos de acuerdo con ella -esta misma página fijaba ayer claramente la postura de este grupo editorial-, pero no cabe duda de que magnificarla y convertirla en el argumento principal de la campaña es a todas luces exagerado. Son cosas muy importantes las que nos jugamos el próximo 9 de marzo, tanto en España como en Andalucía, y que exigen un debate sosegado y clarificador al que la crispación no ayuda. Quizás esto debería haberlo valorado también la jerarquía antes de lanzarse con virulencia al ruedo político. En Andalucía recordamos todavía las elecciones autonómicas de 1982 en la que una instancia ajena a los partidos -en aquel caso la Confederación de Empresarios de Andalucía- lanzó durísimos ataques contra el Partido Socialista. Los resultados de aquella contracampaña, por si alguien los ha olvidado, están en las hemerotecas.

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