LOS letrados de las Cortes, un cuerpo al que se accede por difícil oposición, tendrían hoy en su mano la viabilidad del pacto alcanzado por el Gobierno con los independentistas. No va a ocurrir, porque el actual Gobierno sufre una carencia absoluta de moralidad, y eso ha llevado al equipo de Pedro Sánchez, con él mismo a la cabeza, a rechazar cualquier obstáculo que se le ponga en el camino para mantenerse en Moncloa.

No sólo toman sus decisiones sin tener en cuenta el texto constitucional o los códigos que marcan la actuación de jueces y fiscales, sino que tampoco tienen en consideración el trabajo de los letrados del Congreso. Hace meses, a petición de la presidenta Maritxell Batet, que quería ser rigurosa con la polémica sobre la amnistía, redactaron un informe en el que, recogiendo todos los argumentos legales que concernían a ese delicado asunto, concluyeron que una ley de amnistía sería inconstitucional.

Así lo explicó Batet cuando se posicionó en contra de la amnistía que exigía el independentismo catalán, y esa posición es muy probable que esté directamente relacionada con la decisión de Batet de renunciar a su escaño y abandonar la política. Solo ella puede confirmarlo, pero se ha ido con elegancia y sin una palabra de crítica hacia el máximo dirigente de su partido; su comunicado fue todo un ejemplo del lenguaje diplomático propio de la cortesía. Pero en el mundo político madrileño se da por sentado que la ex presidenta del Congreso ha dejado la política por su decisión de mantener su coherencia por encima de cualquier otra circunstancia.

Catalana y dirigente del PSC, se niega a dejar Cataluña en manos de los independentistas. Además, para mayor escarnio, Junts y ERC han sufrido una importante pérdida de votos en las elecciones, mientras ha subido espectacularmente el PSC, con Batet encabezando la lista de Barcelona al Congreso.

Paradójicamente, si no fuera por la cantidad de escaños conseguidos en Cataluña, hoy Pedro Sánchez no podría optar a continuar en la Moncloa. Pero en vez de agradecer el servicio prestado por Maritxell Batet y el PSC, no ha dudado en promover como nueva presidenta del Congreso a Francina Armengol, cuando todo el socialismo daba por hecho la continuidad de Batet.

Francina Armengol, la cómplice necesaria

Armengol no sólo perdió el Gobierno balear en las elecciones de mayo sino que lleva sobre sus espaldas el bochorno de que bajo su mandato varias menores tuteladas en centros de acogida de su Gobierno cayeron en las drogas y la prostitución sin que las autoridades del Ejecutivo regional tomaran medidas hasta que los medios de comunicación insistieron en publicar informaciones que causaron un auténtico escándalo. Armengol, que "catalanizó" Baleares -la principal razón de su fracaso electoral- es sin embargo muy bien vista por los independentistas.

Es ella, desde la presidencia del Congreso -nunca Vox ha cometido un error de tan graves consecuencias al abstenerse de votar a la candidata del PP, Gamarra-, la que dirigirá la maniobra para que Pedro Sánchez pueda cumplir el compromiso al que ha llegado con Puigdemont. Porque no se negocia con Puigdemont, sino que personas cercanas a Pedro Sánchez -entre las que no se encuentra Yolanda Díaz- han llegado a un acuerdo con el ex presidente de la Generalitat. Ya cerrado cuando Yolanda Díaz viajó a Bruselas. Viaje que conocía perfectamente Pedro Sánchez.

El pacto consiste en promover una proposición de Ley de amnistía. Proposición porque es la fórmula para las leyes presentadas por los partidos, en este caso PSOE y Sumar. El acuerdo con Puigdemont es que se anuncie antes de la investidura de Feijóo, que se da por hecho que no saldrá adelante e, inmediatamente después, antes de que se celebre la investidura de Pedro Sánchez, debe ser tramitada por el método de urgencia y previsiblemente aprobada antes de esa investidura.

El papel por tanto de Armengol es fundamental, porque desde la presidencia de Mesa del Congreso -con mayoría de izquierdas precisamente por la elección fallida de Cuca Gamarra, otra consecuencia de la abstención de Vox- se diseñará el calendario parlamentario a conveniencia del Gobierno. Tanto la fecha de la investidura de Sánchez como incluir en el orden del día del Congreso el debate y la posterior aprobación, si procede, de la Ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes.

El 'felipismo' se mueve

Aunque dura, la palabra amoralidad es la que mejor define la actitud del Gobierno.

Más de la mitad de los ministros socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, han hecho reiteradas declaraciones en los últimos meses expresando su rechazo rotundo a la amnistía que exigían los independentistas alegando que era inconstitucional, negando cualquier posibilidad de que pudieran asumir la condición que exigía Junts para apoyar al Gobierno de Sánchez. Esa negativa del sanchismo, se entiende ahora, estaba directamente relacionada con la convicción de que el PP iba a ganar sobradamente las elecciones, el PSOE perdería el Gobierno y le correspondería a Feijóo "lidiar" con Junts y ERC.

El resultado del 23-J no ha sido el previsto -gracias a la inteligencia de los estrategas socialistas de identificar al PP como Vox, estrategia que el PP no supo neutralizar- y por tanto se le abrió a Sánchez la posibilidad de mantenerse en el Gobierno. Es entonces cuando apareció en todo su apogeo la absoluta falta de moralidad del sanchismo, que ya había apuntado maneras, pero nunca tan peligrosas como las actuales, en las que no aceptan los límites que en cualquier país democrático imponen la Constitución y las leyes.

Las decisiones del Tribunal Supremo, contrarias a la amnistía, se toman a título de inventario, al igual que ocurre con los informes y las declaraciones de los expertos. El Gobierno y el PSOE buscan a otros bien dispuestos a aceptar las indicaciones que reciban para "constitucionalizar" lo que magistrados, catedráticos y profesionales de prestigio consideran inconstitucional. Por otra parte, el Gobierno cuenta con una baza importante para manejar a conveniencia: la mayoría de las instituciones del Estado se encuentran hoy en manos afines a los socialistas y están seguros en Moncloa de que sus decisiones tendrán los avales necesarios para ser aceptadas.

El escepticismo sobre el papel que va a jugar el Tribunal Constitucional es absoluto. Su presidente, Conde Pumpido, cuenta con una trayectoria indiscutible desde el punto de vista profesional, pero su corazón socialista, más el hecho de que entre los nuevos miembros del TC se encuentre un ex ministro de Justicia de Sánchez, más una de sus principales colaboradores, han provocado una importante pérdida de credibilidad.

En ese escenario sorprendente en el que se han dejado de lado las normas que rigen la gobernabilidad de los países democráticos, en ese escenario de amoralidad, al fin han dado un paso adelante importantes figuras del PSOE de los tiempos de la Transición.

Alfonso Guerra hacía tiempo que no callaba y expresaba abiertamente sus discrepancias con Pedro Sánchez, pero tanto Felipe González como gran parte de sus antiguos ministros y colaboradores preferían guardar silencio antes que lanzar andanadas contra el secretario general de su partido.

Esta semana, Felipe González ya no calló y abiertamente marcó distancias con Pedro Sánchez, y también lo ha vuelto a hacer Alfonso Guerra. ¿Reacción del sanchismo? Pertenecen a otra generación. Los más insidiosos no han dudado en acusarlos de estar próximos al PP, incluso a Vox.

Se ha sabido que, en los últimos meses, socialistas que han formado parte del llamado felipismo -al ex presidente no le molesta que se hable de felipismo, mientras que Sánchez considera que sanchismo es una palabra despectiva- habían decidido callar ante decisiones de Sánchez que les parecían inaceptables, pero que en cuanto dejara de ser presidente del Gobierno promoverían acciones para que el PSOE recuperara el sentido de Estado perdido.

Un PSOE adaptado lógicamente a los cambios sociales que exigen los nuevos tiempos, pero que no renunciaría a principios inamovibles, como la defensa de la Constitución y la exigencia de cumplir la Ley.

El día 20 Alfonso Guerra presenta libro en Madrid, libro de memorias ampliadas con puntos de vista sobre cuestiones sociales. Las presenta Felipe González. Todo un acontecimiento. En los últimos tiempos han coincidido en algún acto de partido, pero sus relaciones personales no se habían recompuesto. El desastre al que está llevando Sánchez a España y al PSOE los ha acercado.