Tengo 52 años y soy docente en un IES de Educación Secundaria en Sevilla. El pasado mes de julio, dentro del plazo establecido y anticipándome a unas circunstancias epidemiológicas que ya auguraban el empeoramiento actual, me dirigí al Área de Vigilancia de la Salud de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para remitirles el informe en el que desde mi equipo médico se hacía constar un perfil clínico de patologías previas serias que requerían un “tratamiento muy agresivo” en el marco de “varios procesos crónicos que requieren revisiones periódicas”, así como “cuidados complementarios” en una línea prescriptiva de “evitar situaciones de estrés físico y psíquico”. A finales de agosto, y a unos días de reiniciarse el periodo lectivo, desde esa área de la Administración se me notificó la desestimación de mi solicitud –como a tantos otr@s docentes con sus particulares historiales de riesgo–.

Pese a los estrictos protocolos de higiene y prevención que exige la rutina diaria en una institución educativa (doy fe del tesón y empeño de la directiva de mi centro al respecto), fui uno de los miembros de mi centro diagnosticados con positivo en Covid-19.

El Área de Vigilancia (acaso, de “Negligencia”) de la Salud había ignorado y desestimado las advertencias del informe facultativo por mí remitido tres meses antes, negándome el acogimiento a la vulnerabilidad por mi complejo cuadro de patologías previas: no sé si quienes ocupan los despachos de esa instancia administrativa están cualificados para ser los garantes y los vigilantes de la buena salud de sus trabajadores, pero en mi caso los considero responsables no sólo de mi delicada situación clínica actual, sino de las posibles dolencias colaterales que de ella puedan derivarse”.