Ignacio Sauci

Políticos en el país de las maravillas

Parece que los ciudadanos y los políticos vivimos en otra galaxia. Vivimos uno de los tiempos más tristes de la democracia española: una pandemia nos azota y los políticos se dedican a discutir por cosas sin sentido. Debemos recordar que hace unos meses apareció en nuestro panorama la conocida como ley Celaá, que elimina la “demanda social” para abrir nuevos centros o aumentar plazas y que pretende acabar con la educación concertada en España eliminando la financiación con recursos públicos de centros privados de educación.

La gran pregunta es: ¿por qué acabar con la educación concertada? Realmente no conozco a nadie que desee su extinción que no sean los políticos, porque, como se puede comprobar en el BOE, el artículo 27 de la Constitución española incluye los siguientes puntos:

  1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
  3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Tras leer detenidamente estos puntos del artículo 27 de la constitución española considero que la ley Celaá la vulnera, ya que no reconoce la libertad de enseñanza ni tampoco garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, entre otras cosas.

Menos mal que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado las normas para renovar los conciertos educativos en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación y Infantil, Educación Especial, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional hasta el curso 2024/2025 y, por tanto, en Andalucía las familias y estudiantes podrán seguir estudiando como habitualmente.

Creo que esta decisión se basa exclusivamente en un criterio ideológico más que en el bien de la población (que puede acceder a una educación muy buena a un precio más asequible gracias a los conciertos), así que espero que el Gobierno dé marcha atrás y se pueda seguir disfrutando de una educación de calidad. 

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