El entierro de la anciana de 79 años muerta a golpes en Aznalcóllar estaba programado para este martes sobre las 17:00 pero la investigación del posible crimen ha desencadenado que finalmente sea suspendido. La mañana de este martes le fue practicada la autopsia al cadáver de la mujer, que presentaría signos de violencia.

Después de que un familiar de la mujer hallase su cuerpo en su domicilio este lunes por la tarde, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rinconada y el equipo de Personas de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla se han hecho cargo de la investigación de la muerte de esta persona.

El juzgado mixto número tres de Sanlúcar la Mayor, cuya juez se desplazaba personalmente la tarde de este pasado lunes al lugar donde había sido hallado el cuerpo, es el encargado de las diligencias judiciales y habría decretado el secreto de sumario sobre la investigación, que no descartaría ninguna hipótesis.

En paralelo, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha explicado que el municipio está "consternado" ante la muerte de "una buena persona, solidaria y amiga de todo el mundo, que era muy querida por los vecinos". En ese sentido, ha manifestado su deseo de que "se esclarezcan" las circunstancias que han rodeado la muerte de esta vecina de la localidad, donde el Ayuntamiento ha bajado sus banderas a media asta pero no ha decretado luto oficial, al menos aún.

"Que se haga justicia"

Al hilo, el alcalde ha pedido a los poderes judiciales y a los principales partidos políticos "que se haga justicia" en este caso y otros similares, es decir que quienes son detenidos por "robos y daños a los vecinos paguen en el calabozo" sus actos y no "salgan a la calle" rápidamente tras su entrega a las autoridades judiciales por parte de la Guardia Civil o la Policía, a cuyos agentes ha respaldado en su labor contra la delincuencia, con el consiguiente riesgo de que estas personas delincan de nuevo.

"Estamos muy hartos", ha aseverado el primer edil, avisando de que los poderes judiciales deben "tener al menos una temporada dentro de los calabozos" a los delincuentes que reinciden, porque "ya no valen" argumentos como el sufrimiento de "enfermedades psicológicas" para eludir la privación de libertad tras la comisión de determinados hechos.