Las Cruces instala tres depuradoras, pero advierte que el proyecto peligra

La compañía minera Cobre Las Cruces (CLC) ha presentado ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa un “plan global de garantías adicionales” para la depuración del agua que extrae del acuífero Niebla Posadas, el cual se ha visto contaminado por arsénico, entre otras sustancias tóxicas, como consecuencia de la actividad de dicha empresa. Así consta en la querella presentada el pasado miércoles por la Fiscalía de Sevilla, la cual aprecia la “puesta en peligro de las personas y el entorno medio ambiental”.

El citado plan fue una exigencia planteada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el pasado mes de mayo en paralelo a la orden de suspensión de toda actividad en Las Cruces, después de que los análisis de muestras tomadas por la CHG detectasen la presencia de tóxicos en el agua. La causa, según la Confederación, estaba en los fallos del sistema de drenaje y reinyección del agua, por lo que el acuífero había entrado en contacto con el cobre y otras sustancias.

La solución que ofrece ahora la mina, con un “coste adicional de 10 millones de euros”, consiste en la instalación provisional de tres plantas móviles de depuración por ósmosis inversa que serán sustituidas por una permanente si obtiene el permiso de las autoridades para reanudar los trabajos. “El plan global permite minimizar riesgos y cumplir las condiciones deseadas en el SDR (sistema de drenaje e inyección), evitando posibles impactos”, sostiene Cobre Las Cruces en un boletín informativo distribuido en Gerena hace dos días, coincidiendo con la querella de la Fiscalía, y en el que elude toda referencia a la contaminación detectada.

La compañía asegura que su plan “responde a las inquietudes y requerimientos de CHG”. “Todos los diseños y planteamientos realizados han sido ampliamente justificados y avalados por los documentos incluidos en el propio plan”, añade Cobre La Cruces, que desde 2003 construye en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa para extraer 30 millones de toneladas de este mineral a lo largo de los próximos 20 años.

“La última cifra de inversión prevista para el periodo de construcción antes de la suspensión era de 488 millones de euros”, sin que hasta la fecha se haya obtenido “ingreso que amortice dicha inversión”, reza el boletín, en que se lanza una advertencia final: “Las pérdidas son muy importantes para la compañía y, en consecuencia, para los accionistas inversores del proyecto, que ven en riesgo la viabilidad del mismo hasta que se resuelva toda la situación actual”.

La mencionada querella, cuyo origen es una denuncia de Ecologistas en Acción, se dirige contra el director general o presidente de Cobre Las Cruces SA, pero es ampliable a los responsables de la empresa relacionados con la construcción de las balsas ilegales existentes junto a la corta y las extracciones e inyecciones de agua, cuyas consecuencias directas habrían sido la intoxicación por arsénico.

El escrito de acusación deja constancia de la existencia de indicios de dos delitos, por daños y contra el medio ambiente, además de solicitar a la empresa, la CHG y a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa diversa documentación. A esta última, en concreto, se dirige para que le traslade copia de los expedientes sancionadores y/o de las medidas cautelares adoptadas respecto a CLC, al tiempo que le reprocha de forma matizada que a día de hoy tan sólo haya entregado al Ministerio Público la copia de un expediente relacionado con un accidente laboral ocurrido en la mina que poco o nada tiene que ver con el objeto de la querella.

La fiscal apunta, en concreto, que la Consejería tiene que dar cuenta sobre el control de algunas balsas –ajenas a la competencia de la CHG– en las que, supuestamente, la empresa ha depositado parte del agua extraída del acuífero en vez de reinyectarla.

En cuanto a Cobre Las Cruces, la Fiscalía le requiere el organigrama de la empresa, mientras que a la CHG le pide que valore los daños ambientales provocados por las actuaciones presuntamente irregulares, así como los que se hubieran podido producir de no haberse decretado la suspensión de la actividad en la mina.