La Fiscalía imputa al director de Las Cruces por delitos ambientales

La Fiscalía de Sevilla presentó ayer una querella contra el director general de la mina Cobre Las Cruces SA por la supuesta comisión de dos delitos, contra el medio ambiente y daños, provocados por la construcción sin permiso de balsas y por las extracciones e inyecciones ilegales de agua efectuadas por la empresa. La puesta en marcha de la que pretende ser la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa, con una inversión de 500 millones de euros, ha contaminado el acuífero Niebla Posadas con sustancias altamente nocivas, como arsénico, "con la consiguiente puesta en peligro de las personas y el entorno medio ambiental".

Dichas aguas -según subrayó ayer la propia Fiscalía en un comunicado de prensa difundido a través del correo electrónico de la fiscal jefe, María José Segarra- están destinadas al abastecimiento humano de "diversas poblaciones de la provincia de Sevilla" y, de no haberse ordenado en mayo pasado la paralización de las operaciones en la mina por parte de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG), "las consecuencias habrían sido superiores". Entre esas poblaciones se encuentran Gerena y Guillena, parte de cuyos términos municipales, junto al de Salteras, son ocupados por la vasta explotación minera.

La querella interpuesta por la Sección de Medio Ambiente, Delitos urbanísticos y Patrimonio histórico de la Fiscalía hispalense va dirigida contra el director general de Cobre Las Cruces, que en esta fase del proceso se enfrenta a acusaciones que suman penas de cárcel de entre uno y siete años, inhabilitación profesional especial y multa de entre ocho y 24 meses, a razón de una cuota diaria que se establecería en una hipotética sentencia.

La Fiscalía recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) determinó en mayo pasado que las actuaciones de Cobre Las Cruces habían provocado "unos daños globales al dominio público de, al menos, 322.381,60 euros", cifra resultante de la suma de la detracción ilegal de agua (249.521,43 euros), la contaminación del entorno (43.688,17 euros) y el almacenamiento ilegal de agua (29.172 euros). A esa cantidad, la Fiscalía suma una "posible multa" por valor de 568.419,20 euros, con lo que la cifra total ascendería a 890.800,8 euros.

La mina obtuvo el 30 de octubre de 2003 de la CHG autorización para drenar el agua del acuífero e inyectarla unos kilómetros más abajo con el fin de hacer viable la extracción del cobre, aunque la Fiscalía recuerda que dicho permiso se realizó "bajo una serie de condicionantes" que ahora estima incumplidos. El procedimiento fue presentado entonces por los responsables de Mina Las Cruces como una innovación que garantizaba un grado de contaminación cero al no haber contacto entre el agua -situada en un nivel superior- y el mineral, así como con otras sustancias, algunas de ellas muy tóxicas: el arsénico.

Desde el primer momento, y a la vista de diversos informes, Ecologistas en Acción puso en duda la validez de la concesión otorgada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en favor de Mina Las Cruces. En junio del año pasado, esta organización presentó un grueso dossier, acompañado de un amplio reportaje con fotos aéreas, en el que detallaba las supuestas irregularidades. Entre otros elementos, dio cuenta de las balsas de agua y de los pozos de drenaje considerados ahora presuntamente ilegales por la Fiscalía.

Un mes más tarde -el 4 de julio de 2007- inspectores de la CHG visitaron la instalación minera, "tomando muestras y apreciando que el sistema de reinyección implantado no respondía plenamente a la previsión, al margen de otro número importante de incumplimientos y contingencias", apunta la Fiscalía, como "balsas de captación y acumulación de aguas no autorizadas". El análisis de las citadas muestras dio como resultado "la presencia de diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores a los marcados" en la legislación vigente sobre "la calidad del agua para el consumo humano".

"A su vez, se apreció un incumplimiento radical de la obligación de reintegración al acuífero de los caudales extraídos", prosigue la Fiscalía, que añade que "a raíz de estas circunstancias el Organismo de Cuenca", la CHG, "acordó la suspensión de las operaciones de drenaje e inyección el 12 de mayo de 2008, procediendo al precinto de los sondeos" y abriendo un proceso sancionador. Ecologistas presentó en paralelo una denuncia ante la Fiscalía que ha ampliado en sucesivas ocasiones, la última de ellas el pasado lunes.

También alude el Ministerio Público al papel desarrollado por la Consejería, que el pasado 14 de mayo "resolvió ordenar a la entidad privada la suspensión provisional de las labores de profundización de la corta, de conformidad con la suspensión de la Confederación", además de exigir "la continuación de las condiciones mínimas de seguridad de las instalaciones mineras", consistentes en la extración de agua para evitar males mayores.

Sobre los derrumbes provocados en los taludes que dan forma a la corta minera y la inestabilidad de los terrenos donde se ubicará el futuro depósito de residuos secos de la mina, la Fiscalía apunta que desconoce su estado actual y sus posibles consecuencias.

Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, se congratuló ayer por la decisión de la Fiscalía y exigió transparencia a todas las administraciones implicadas. "En 2003 dijimos que la explotación minera era inviable porque no cumplía las mínimas garantías ambientales. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la de Aznalcóllar de 1999, de cuyas consecuencias ya habíamos alertado dos años antes", sentenció.