Personal interino de la Diputación de Sevilla ha realizado una concentración en la sede de la institución, coincidiendo con la celebración del Pleno ordinario de octubre, para exigir que el plan de estabilización que hay en marcha, que consideran un "ERE encubierto", se paralice formalmente del todo hasta que se conozca la sentencia de la UE sobre el problema de la temporalidad de las administraciones en España.

En este sentido, consideran que el anuncio hecho por el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, de que no se celebrarían los exámenes hasta que no se conozca la sentencia sólo ha sido un intento de desactivarles, aunque no hay grandes novedades al respecto.

Así, aseguran que seguirán luchando por la paralización formal del proceso, porque se abra la posibilidad legislativa de una oferta de consolidación, que sólo contemple el concurso de méritos y que sea, por tanto, más garantista con este personal, que en algunos casos lleva décadas ocupando plazas que no son de su propiedad porque no se han sacado en ese tiempo en ofertas de empleo o han sido anuladas en los tribunales.

Sobre las ofertas públicas de consolidación y estabilización que hay en marcha, el colectivo recuerda que se están celebrando ya exámenes del turno libre y que, de otros puestos, sólo queda por que salga la convocatoria, con lo que en el momento que la gente presente los papeles para examinarse se podrían alegar daños a terceros.

El grupo también está estudiando jurídicamente si es cierto que, en caso de que venza el plazo de tres años para ejecutar esas Ofertas Públicas de Consolidación y Estabilización, con más de 380 plazas afectadas, obligaría a convocar oposiciones libres. Los interinos creen que es también una forma de presionarles.

En la actualidad, la tasa de temporalidad en la Diputación es del 53%. En personal laboral, de 663 efectivos, hay 320 no fijos. En cuanto a las 892 plazas de funcionarios, 504 están ocupadas por interinos. Son puestos estructurales.