La planta de Cementos Portland Valderrivas S.A., situada en Alcalá de Guadaíra, junto a la A-92, tiene ya el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para poder utilizar como combustible alternativo al coque de petróleo, del que se sirve ahora, derivados de residuos no peligrosos, que se incinerarán -se "valorizarán", es el término técnico- para generar el calor necesario para su producción. La resolución, en la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que tenía desde 2006, se emitió el 16 de septiembre tras dos años y medio de trámites. La Junta ha rechazado el recurso de alzada del grupo Alwadi-ra-Ecologistas en Acción y el dictamen se publicó en el BOJA el 16 de enero. El colectivo conservacionista está recogiendo firmas que llevará, el 12 de marzo, al Parlamento andaluz y ha anunciado que intentará frenar el proceso con un recurso contecioso-administrativo en los tribunales.

A la espera del recorrido que pueda tener, la fábrica sólo necesita la licencia urbanística del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. En junio de 2014, se aprobó en el Pleno una moratoria de un año para dar autorizaciones de este tipo a la espera de un estudio cuyas conclusiones (en qué condiciones y dónde se autorizará la valorización de residuos) se iban incorporar al PGOU. Así, la licencia no se podrá tramitar pues antes de las elecciones locales. Aun así, los responsables de la fábrica apuntan que el nuevo sistema podría estar funcionando a finales de este año o a principios de 2016.

Pese al rechazo a la iniciativa de que se "valoricen" residuos en una planta que, como recuerdan los ecologistas, está a menos de 500 metros de barriadas alcalareñas La Liebre o San Benito, a unos mil de la zona empresarial y comercial Cerro Cabeza Hermosa y a menos de 2,5 kilómetros de San Rafael o Santa Genoveva (Mairena del Alcor), el sector defiende las garantías del proceso, que no es novedoso y sí una alternativa eficaz y sin más riesgo que el coque de petróleo que se usa ahora tanto para el propio personal de la fábrica como para el entorno. El gas natural, que defienden los ecologistas, no es competitivo en esta zona.

La valorización de residuos funciona en muchos países europeos desde finales de los años 80 y, según los datos de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), 32 de las 35 fábricas de cemento que existen en España tienen esta autorización. La de Sevilla es una de las pocas que no ha incorporado la valorización como alternativa. Es una forma, recuerdan, de "ahorrar combustible a la sociedad" y de sacar de los vertederos parte de los residuos que no se pueden reciclar, reutilizarlos gracias a su poder calorífico. También es un combustible más barato y clave en la viabilidad de un sector en el que la demanda interna se ha reducido en un 80% y cuya actividad está repuntando con la exportación.

En la planta de Cementos Portland Valderrivas trabajan, contratadas de forma directa, 112 personas, después de que, desde 2012, se hayan realizado varios expedientes de empleo, resueltos con acuerdos de jubilación. Pero es una factoría histórica. Abrió en 1964. Pertene al grupo FCC, que ha hecho importantes inversiones para modernizarla. Con la modificación de la AAI podrá valorizar hasta 292.000 toneladas de residuos al año. El director, Miguel Ángel Martínez, aclara que es una cantidad máxima de combustibles procedentes de residuos (CDR) que se podrían utilizar, pero que irán variando en función de la cantidad que se necesiten y los precios de cada uno. El combustible que se utiliza es un material que viene ya preparado de gestoras de residuos que hay en la propia Alcalá y que, según Martínez, llevan ahora su material fuera de Sevilla. A la fábrica no llega el residuo en bruto, insiste. Podrá usar material procedente de neumáticos, de lodos de depuradoras, de plásticos, de vehículos fuera de uso (plásticos y textiles), o restos de la industria azucarera y de la industria agraria, entre otros.

En el listado no se ha incluido ningún residuo peligroso, o de los que producen olores, como restos de animales u hospitalarios. El director destaca que el negocio de la fábrica no es la incineración y que la valoración, por las propias necesidades caloríficas para fabricar cemento, se hace a partir de 1.800 grados, por encima de la incineración que se da por ejemplo, en hornos crematorios, y con las máximas garantías y controles. No hay diferencias entre la utilización del coque de petróleo actual y los combustibles de residuos.

Todos estos planteamientos no convencen a los ecologistas, que consideran que la modificación de la AAI supone una "nueva actividad en sí misma", con la que debería haberse respetado la legislación en cuanto a la distancia mínima para actividades fabriles "peligrosas, insalubres o nocivas" de 2.000 metros al núcleo de población más próximo. Según ha defendido en su recurso, debía haberse estudiado incluso el traslado de la fábrica y advierte que, pese a las garantías del proceso que defienden la planta y Flacema, el impacto ambiental en la zona será nefasto y perjudicará incluso a la actividad socioeconómica del entorno. Esta actividad, según añaden fuentes del colectivo, se une a la contaminación que ya sufre la zona por el tráfico y otras industrias.