El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se ha pronunciado este lunes sobre la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Aznalcázar para cobrar una fianza de 3.000 euros a las hermandades que pasen por su zona forestal en peregrinación hacia la aldea de El Rocío, en Almonte durante la romería, y ha asegurado que ésta "puede rayar la ilegalidad".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha presentado el balance anual del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), y preguntado por este asunto, De Llera ha indicado que la Junta de Andalucía está estudiando la posible ilegalidad de esta ordenanza, ya que la zona de los pinares donde acampan o transitan las hermandades "no es algo que administre ningún ayuntamiento, sino la Junta", por lo que "habría un problema de competencias entre ésta y el Consistorio". De todas formas, según ha argumentado, es "una medida muy impopular porque las hermandades llevan transitando y acampando por esa zona toda la vida y nadie les ha cobrado nada hasta ahora".

La alcaldesa de la localidad, Dolores Escalona (PSOE), aseguró en un comunicado que el Ayuntamiento "no ha inventado ninguna tasa ni fianza que otras localidades cercanas a la aldea de El Rocío no tengan instauradas previamente". De igual modo, afirmó que "lo único que se pretende con la decisión que se ha tomado es la de compensar los gastos que provoca este acontecimiento como ya hacen el resto de municipios colindantes, y de alguna manera, tomar una serie de decisiones que permitan preservar el patrimonio natural del municipio que es de todos".