La Mancomunidad irá al Tribunal de Cuentas para fijar responsabilidades

El Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (siete ayuntamientos de Sevilla, cuatro de Cádiz) aprobó ayer por mayoría absoluta pero de forma ajustada (36 votos a favor, 27 en contra) la propuesta de disolución provisional y el informe de la comisión liquidadora. Se ha concluido que en 25 años han acumulado 51,7 millones de euros de deuda. Frente a ello, hay un activo de 8,1 millones: dinero que los ayuntamientos no han abonado a la entidad por servicios prestados, y la sede del organismo en Lebrija, que se ha tasado en unos cinco millones. Pero hay que hallar una fórmula para su venta y modificar el PGOU de Lebrija, en el que consta como dominio público.

Aun así, el pasivo sumaría unos 13 millones, con lo que apenas se cubriría el 25% de la deuda reconocida y que seguirá aumentando con intereses de demora y las denuncias en curso, que no serán las únicas. El acuerdo de disolución incluye una propuesta en la que se solicita al Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de la contabilidad de los entes públicos, que audite los "estados contables" del organismo "a efectos de determinar posibles responsabilidades políticas y técnicas", una demanda que se venía haciendo desde muchos ámbitos por el penoso estado en el que ha terminado un organismo que ya fue objeto de estudio por la Cámara de Cuentas andaluza y que advirtió de anomalías y carencias en la contabilidad, sin que se tomaran medidas.

Cuando la Mancomunidad se disuelva del todo, los ayuntamientos tendrán que asumir los impagos de forma proporcional a la participación que tienen asignada en los estatutos. A los municipios de Sevilla le corresponden casi 20 millones, con Utrera (seis millones) y Los Palacios (5,8), con las mayores cantidades. Aunque también deberán pagar Las Cabezas (1,8 millones) y El Cuervo (1,1). A El Coronil le corresponden 857.000 euros y a Los Molares, 386.000 euros.

Ese reparto está en el origen del voto negativo de parte de los integrantes, a pesar de apoyar su disolución. Votaron en contra los representantes del PP -que han anunciado que elevarán las cuentas a la Fiscalía- y los del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que rompieron incluso la disciplina de voto del PSOE. Este municipio es el que tiene la mayor participación, un 27,4%, y con ello una deuda mayor en el reparto: 14,3 millones, incluidos los pagos pendientes con el organismo. También votaron que no los grupos de Roteños Unidos y el Grupo Independiente de Sanlúcar.

Los documentos deben publicarse ahora en los boletines oficiales de las dos provincias y habrá un mes para presentar alegaciones. Paralelamente, los alcaldes volverán a llamar a las puertas de las Administraciones (Gobierno central, Junta y diputaciones) para que ayuden a "buscar una fórmula, a arbitrar medidas que les permitan hacer frente a sus obligaciones, pero sin comprometer la viabilidad de los ayuntamientos", según se ha recogido en el acuerdo y según insistió la presidenta del ente, la socialista María José Fernández. Es lo más difícil que hay que hacer: buscar el dinero. Después debe convocarse de nuevo al pleno para aprobar la liquidación y disolución final, así como la forma y los plazos en los que los ayuntamientos tendrán que abonar lo que les toque.

Durante el Pleno, varios cientos de ex trabajadores y empresarios afectados por los impagos se concentraron a las puertas del organismo para exigir que los ayuntamientos asuman su responsabilidad y paguen ya.