Multa a 3 escombreras por enterrar y tirar residuos peligrosos sin tratar

La Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta ha sancionado con 240.000 euros a las tres únicas empresas autorizadas para gestionar los residuos de construcciones y demoliciones en la Mancomunidad de Los Alcores, donde se integran Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Mairena del Alcor y El Viso, los municipios que generan la mayor parte de los escombros de la provincia.

La sanción económica impuesta a cada una de ellas se produce porque han incumplido la autorización acumulando o enterrando -unas en mayor proporción que otras- residuos de las obras "con fracciones de residuos peligrosos y urbanos sin tratar" directamente sobre un suelo que no está impermeabilizado y bajo el que hay una enorme plancha de acuíferos del Guadalquivir, según ha podido saber este periódico. La ley es exigente con los vertederos para evitar las filtraciones (lixiviados) al terreno.

La Administración confirma los hechos, pide que se omitan las identidades de las empresas sancionadas y asegura que su principal interés es que cumplan con la obligación añadida a la sanción: tratar adecuadamente los residuos acumulados en el plazo más urgente posible y regenerar el terreno. Hay preocupación en Medio Ambiente porque los restos sin tratar se acumulan en montículos que han alcanzado demasiada altura en algunos casos.

La montaña de escombros es visible desde la carretera de Brenes. La paradoja de este caso es que las tres empresas están asentadas en suelos del municipio de La Rinconada, en la zona conocida como La Rata, pese a que esta localidad pertenece a otra Mancomunidad, ajena a Los Alcores.

Uno de los tres expedientes sancionadores se ha enviado, a mediados de enero pasado, a la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla por supuesto delito de contaminación de los acuíferos del Guadalquivir, según confirma Medio Ambiente, quien agrega que antes o después se producirá una contaminación si no se toman medidas de corrección. La Fiscalía no ha abordado aún esta denuncia.

Aparte de decidir si hay delito, la Fiscalía de Medio Ambiente (que también lo es de Urbanismo y Patrimonio Histórico), cuyo fiscal coordinador es Javier Rufino Rus, debe determinar si paraliza la actividad de esta empresa de tratamiento de residuos. Este supuesto sería posible si se demuestra que han cometido alteración grave del medio ambiente o incumplimiento de las condiciones por las que se legalizó su actividad. Mientras no se pronuncie el fiscal, Medio Ambiente ha optado por proteger especialmente la identidad de esta empresa.

La delegada provincial, Pilar Pérez (PSOE), recalca que "el objetivo no es paralizar la actividad, sino seguir trabajando para poner solución, control y conseguir una gestión eficiente de la gestión de los residuos". La Administración asegura que lleva seis años de negociaciones con todas las partes para que las cosas se hagan bien, conforme a la ley.

Una guerra de precios entre las tres empresas subyace como una de las claves de lo sucedido, ya que sólo una funciona como concesionario oficial de la Mancomunidad pero todas tienen como única fuente de ingresos el cobro a los promotores de la construcción de un dinero por cada cuba de escombros que generan. La competencia es feroz ahora que la crisis económica ha reducido al mínimo las construcciones.

De las tres empresas sancionadas, la primera realiza un tratamiento integral de los escombros (separación en residuos en peligrosos y no peligrosos, tritutado, envío de maerial sucio a vertedero autorizado y el resto para reutilizar como áridos). El socio que le lleva los residuos al vertedero no lo hace bien.

La segunda empresa sólo tiene autorización para la separación inicial de residuos (el triturado y vertedero lo debe gestionar aparte). Su falta es que no envía los residuos a un vertedero legalizado y que echa montañas de escombros en un suelo sin impermeabilizar de sus instalaciones. La tercera, que funciona como vertedero combinado con áridos y tierras de cultivo, echa escombros sin tratar fuera del vertedero legal.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) requieren un vertedero subterráneo con una capa de 50 centímetros de arcilla para impermeabilizar el suelo. Los residuos peligrosos (pintura, cables...) llevan una lámina de plástico añadida en el vertedero.

Las tres sancionadas cuentan con autorización, a diferencia de los dos vertederos ilegales detectados en la Mancomunidad: Elixur, en Dos Hermanas, cerrado ya por la administración; y El Chivo, junto al campo de Golf de Alcalá de Guadaíra, con un expediente sancionador abierto que le ha hecho reaccionar y ahora se esfuerza en tener residuos limpios.

El sistema actual de gestión integral de residuos está a un abismo de la práctica de hace décadas de echar los escombros en las cunetas, que luego pasó a los vertederos. La gestión integral de los residuos la marca la ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de julio de 2007, una norma posterior a las autorizaciones de los tres gestores de residuos sancionados. Los incumplimientos de la ley demuestran que queda mucho por mejorar en la gestión.

La solución apunta a los ayuntamientos como responsables de los residuos urbanos que deben controlar mejor lo que entra en plantas tratamiento, que se sigue el proceso adecuado hasta el final para devolver al promotor la fianza exigida con todas las garantías de que los residuos se han tratado bien. El certificado que emiten las empresas de tratamiento para que los ayuntamientos liberen la fianza sólo indica que los residuos han llegado a la planta de tratamiento, pero no aclara cómo se han tratado en la práctica.