Protestas por la obra inacabada del gran geriátrico Terramagna

Los afectados por la paralización de las obras del geriátrico Terramagna -120 personas, la mayoría pensionistas que han invertido todos sus ahorros- reclamarán hoy ante la sede de Caixa Galicia, en la calle San Fernando, que reanude la edificación del complejo. Tras año y medio, los que destinaron sus ahorros e incluso su patrimonio en este recinto para la tercera edad viven una auténtica pesadilla con el temor de perder todo lo que han atesorado para pasar los últimos años de sus vidas. "Hay personas que incluso vendieron sus viviendas para poder invertir en este proyecto", explica Manuel Báez, uno de los afectados que reclamará hoy a Caixa Galicia que aporte "los 1.800.000 euros que faltan para que la obra del edificio termine", añade.

La construcción del geriátrico, un complejo con 465 plazas situado cerca del aeropuerto en término municipal de Carmona, se paralizó en septiembre de 2008 con el 90% de la obra ya ejecutada. "Una nefasta gestión" por parte de la gestora SM Gestión SL, contratada por la cooperativa en este proyecto, desencadenó "la bancarrota a la constructora", de modo que "las cantidades entregadas hasta la fecha -en torno a cuatro millones de euros- no se habían garantizado para los responsables de la cooperativa, y para colmo el concurso de acreedores se cernió sobre ella", explica Andrés Carrascosa, abogado del despacho Advanta, que representa a un grupo de miembros de la cooperativa. El objetivo de los afectados ahora es que el geriátrico termine de construirse para atraer compradores y vender más de 200 unidades que quedan libres (apartamentos, estudios, habitaciones individuales, etcétera) y afrontar, de este modo, el préstamo hipotecario.

El abogado de varios cooperativistas estudiará medidas legales contra la gestora por la vía penal si finalmente los afectados pierden todos sus ahorros. De momento, los miembros de la cooperativa esperan que Caixa Galicia financie el 10% que queda por construir en el geriátrico para hacerlo operativo y resolver gran parte de la deuda, que alcanza los 30 millones de euros. "La mayoría invertimos en este complejo para asegurar nuestros últimos años atendidos y no ser una carga para nuestros hijos", añade Báez. "Se dan auténticos dramas de personas de edad avanzada que se han quedado sin casa, sin geriátrico y sin dinero", comenta.

El proyecto incluye zonas deportivas -piscinas, pistas de tenis, lago artificial, etcétera- y las zonas residenciales están pensadas para personas mayores dependientes o no con atención médica las 24 horas y distribuidas entre apartamentos, estudios y adosados. El despacho de abogados Advanta está pendiente de que el Defensor del Pueblo responda a la denuncia que que presentó el pasado 25 de enero.