Sevilla necesita más de 185 millones para depurar al completo sus aguas

El PP de Sevilla cifró ayer en 70 millones de euros la cantidad mínima que la Junta de Andalucía debería destinar en los presupuestos que se están elaborando para 2015 a la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en la provincia, para empezar a paliar de una vez el importante déficit que se arrastra en este sentido y que ocasiona sanciones por vertidos a muchos ayuntamientos que pagan los propios vecinos con sus impuestos.

En concreto, ya en 2010 la propia Junta declaró hasta 28 proyectos de interés en este sentido en la provincia, que tenía que ejecutar directamente la Administración autonómica para 2015, con una inversión de 185 millones y que podrían haber generado hasta 3.000 empleos. Pero no se han ejecutado en su mayoría. Sólo se han puesto en marcha o licitado cinco de ellos: la depuradora de Palomares del Río; la de La Campana, que está en obras ahora; y las de Burguillos, Lora del Río y Utrera, que se han sacado a concurso público.

La parlamentaria popular Carolina Fernández Vigo subrayó que la directiva marco de la Unión Europea en la materia fijó 2015 como plazo para que se llegara al cien por cien de la depuración en núcleos urbanos, lo que iba a multiplicar las sanciones. Aunque todo apunta que habrá prórroga hasta 2020. Aun así, es necesario que esos 25 proyectos que restan se pongan en marcha para llegar a tiempo a la nueva fecha. Poporcionalmente, se tendrían que invertir 70 millones ya en 2015.

La representante popular recordó además que desde 2011, con la Ley de Aguas de Andalucía, se estableció el llamado canon de mejora, que ha incrementado más de un 35% los recibos, precisamente para poder afrontar inversiones pendientes. La Junta ha recaudado en Sevilla más de 37 millones, pero sólo ha ejecutado inversiones por 120.000 euros.

En lo que va de año, la cifra es igual de pobre: más de siete millones recaudados con el "impuestazo del agua" y apenas un 0,35% invertido, que no llega a 25.000 euros en números absolutos. Fernández Vigo recordó que se trata además de un impuesto que recaudan los ayuntamientos, con el coste político que ello supone, pero que el dinero termina en las arcas de la Junta para unas inversiones que no se ejecutan, a pesar de que están cofinanciadas en parte con fondos de la UE.

Para la diputada autonómica, estos datos reflejan la "falta de compromiso" y el "maltrato" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con la provincia de Sevilla, y una "irresponsabilidad total", en este aspecto que no es nueva. Antes de la Ley de Aguas (que el PSOE, recordó, aprobó en solitario en el Parlamento andaluz), la Junta ya firmó otro convenio en 2006 con el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para dar un impulso a las depuradoras. Cuando concluyó su vigencia, en el año 2011, apenas se había ejecutado el 14% de una inversión que se anunció, de 271 millones de euros.