"Si la Diputación se convierte en el banco bueno, bienvenido sea". Esta frase, del portavoz socialista, Manuel Domínguez, puede resumir la línea argumental con la que el gobierno de Fernando Rodríguez Villalobos defendió este martes la gran novedad del presupuesto para 2014, que se aprobó en el Pleno con los votos socialistas y del PA y la oposición del PP e IU. Se trata de esos 108 millones que se podrán adelantar a los ayuntamientos, en forma de préstamos sin intereses. 11,7 millones serán para el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, que ya funciona, aunque la idea es que dejen de servir sólo para pagar nóminas para ir a deudas con la Seguridad Social o con Hacienda; 46 millones (todo lo que la Diputación no puede incluir en el presupuesto por el techo de gato que le permite la ley) se prestarán a los ayuntamientos a devolver a diez años para inversiones, de ellos podrán tirar para aportar la parte que les toque cofinanciar de obras; o los 50 que se traspasarán al Opaef para que éste los anticipe a los ayuntamientos que le tienen cedido el cobro de impuestos, con menos intereses que si el dinero fuera del banco. 

Pero la apuesta fue atacada por el PP, que ironizó con que Villalobos se queda con ganas de presidir la antigua Caja de San Fernando. El diputado José Leocadio Ortega destacó que las leyes de estabilidad han evidenciado cómo ha presupuestado, el "secreto de la eterna juventud de Villalobos", que se ha dedicado a "amasar" dinero para luego venderlo como inversiones. Entre 2006 y 2012, se ha "privado" de 471 millones de euros a los ayuntamientos al presupuestar mal y favorecer el remanente (entre el 20 y 30% cada año), con los que se podrían haber reforzado las políticas municipales y la Diputación tendría ahora un techo de gasto mayor. "El voto negativo del PP es una reprobación por las políticas de todos estos años". El ex alcalde de Pilas puso como ejemplo de esa "falta de rigor y poca honestidad" al presupuestar el que diga que el gasto en personal se reduce en seis millones para 2014, cuando cada año este capítulo 1 arroja un remanente de 17. "De otra forma esa reducción no podría hacerse sin bajar el sueldo y sin despidos". También le reprochó recortes en políticas sociales, como la desaparición después de una década del programa de zonas vulnerables, para el que no se ha pedido subvención a la Junta. 

IU justificó su voto negativo por la falta de explicaciones -varias veces, el portavoz, Manuel Rodríguez, lo exigió en el Pleno- sobre cómo se van a articular esos préstamos, para qué y en qué condiciones los tendrán los pueblos y si se verán beneficiados todos. Insistió en su idea de que la Diputación debe declararse insumisa a las leyes de estabilidad. "Hay que plantar cara a una ley que es injusta y criminal, si no lo hubiéramos hecho con otras no hubiéramos salido de la época feudal", sentenció. El PA mostró su preocupación porque, al final, esos préstamos vayan sólo a los más endeudados y no a los "que han hecho sus deberes", pero que aún así terminó dando su respaldo al presupuesto. 

El diputado de Hacienda, Manuel González Lora, recordó que en el presupuesto consolidado de 404 millones se queda en 275 sin esos préstamos o el dinero que hay que destinar a amortización de créditos. Los ingresos de la Junta se mantienen en algo más de 52 millones, los del Estado caen en seis. Ello está detrás del recorte presupuestario en algunos programas sociales, a los que se refirió también el PP, como la red de Servicios Sociales Comunitarios, que no han perdido más porque la Diputación ha puesto más fondos propios. Destacó la austeridad (el gasto corriente también baja en 6,9 millones); y defendió la labor de las sociedades, frente a las críticas del PP.

Un presupuesto provisional

El PP exigió este martes que el debate y aprobación de los presupuestos se aplazara, hasta que entre en vigor antes de fin de año la nueva ley de control de la deuda comercial en el sector público, que modifica la de Estabilidad Presupuestaria. A última hora, el PP ha introducido una enmienda, que se previsiblemente saldrá adelante, para que las administraciones saneadas, como la Diputación de Sevilla, puedan aplicar en 2014 el superávit con el que cerraron en 2012. Ésa ha sido la principal batalla que el presidente Fernando Rodríguez Villalobos ha tenido con la Administración central en el último año, para que le dejaran invertir 39 millones que, de otra forma, irán a amortización de deuda bancaria. Ayer y desoyendo la petición que hizo el PP, el Pleno aprobó también ese trámite, aunque el PSOE se comprometió a convocar otro pleno antes de final de año para hacer una modificación presupuestaria e incorporar ese dinero cuando la ley esté en vigor, si es en esos términos y atendiendo al plan de inversiones que ha anunciado tantas veces.