El gobierno socialista de la Diputación de Sevilla se verá obligado a cesar y a hacer una reestructuración de parte del personal de confianza vinculado al PSOE que tiene contratado en la actualidad, por la modificación de las características que deben cumplir los actuales directores de las áreas del gobierno. Hasta ahora este personal es eventual, de confianza, pero una vez que entre en vigor Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en enero, sólo podrán ocupar esos puestos funcionarios de carrera.

En el Pleno de ayer se aprobó iniciar el proceso para "amortizar" esas plazas, diez en la actualidad, y crear otras tantas de "personal directivo profesional", con una retribución anual de 61.719 euros, similar a la actual. Para ocupar estos puestos, que son distintos a los de asesores que no están afectados por el cambio, se deberá ahora ser funcionario de carrera del grupo A, subgrupo A1 y A2 en la Diputación; o personal laboral fijo de grupos de titulación equivalente en otra Administración pública, o ser un licenciado laboral fijo en las empresas de la Diputación.

Fuentes del gobierno socialista reconocieron que los nuevos requisitos, que estarán en vigor desde enero, forzarán la salida de al menos la mitad de los actuales directores de área nombrados por el presidente Fernando Rodríguez Villalobos. Aunque algunos otros, aunque cesarán igualmente, podrían participar por su condición de funcionarios en el proceso que se abrirá para que concurran las personas que estén interesadas en los puestos.

No quisieron dar nombres, pero se da por hecho que afectará a la ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, actual directora del área de Cohesión Social e Igualdad, cuya salida ya había pedido el PP cuando su nombre ha salido a relucir en declaraciones del caso de los ERE en el juzgado. También podría afectar a José Manuel González Zarco, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Tocina y ahora es director de Ciudadanía, Participación y Cultura; y a Evangelina Maestra, ex alcaldesa de Villaverde del Río. Tampoco tenía la condición de funcionario Enrique Rodríguez, director del área de Innovación y Empleo, hasta su detención hace unos meses por su vinculación con los ERE en su etapa de director provincial del IFA.