Los condenados por el caso Camas confían en que se repita el juicio

Los tres políticos condenados en el caso Camas por intento de soborno a una concejal, entre ellos el ex alcalde Agustín Pavón (IU), confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acepte su petición de repetir el juicio, como plantearán en la vista convocada para el próximo miércoles. En la apelación ante el TSJA, los tres políticos (Pavón, el ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile y el ex edil del PA José del Castillo) comparten ahora como abogado a José Manuel Ramos Cardona, mientras que la defensa del empresario Eusebio Gaviño la representa Encarnación Molino.

El empresario, el entonces alcalde de Camas y los ex concejales fueron condenados a un año y dos meses de cárcel tras ser declarados culpables de un delito de cohecho por intentar sobornar con 12.000 euros en el año 2006 a una ex concejal de IU para conseguir su voto en varias iniciativas municipales. Todos ellos han pedido la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla y la consiguiente repetición del juicio porque se impidió al jurado "examinar las propuestas alternativas de las defensas y el objeto del veredicto se conformó de forma exclusiva con las peticiones del Ministerio Fiscal".

El abogado de los tres políticos dijo ayer que confía en que el Alto Tribunal andaluz "acuerde devolver la causa a la Audiencia de Sevilla para repetir el juicio, pues en su día no se dio la oportunidad al jurado para deliberar y votar sobre los argumentos de su defensa". Sólo se expuso al jurado "hechos objeto de acusación", según Ramos Cardona, pese a que "por pura lógica, al jurado debe exponérsele no sólo lo que manifiesta el fiscal, sino también lo de las demás partes, incluidas las defensas".

De no proceder así, "lo normal es que el jurado vote a favor de aquello que es perjudicial, pues sólo se le da una opción", a juicio de Ramos Cardona.

Su recurso argumenta que no se dio tampoco oportunidad a los miembros del jurado de votar si las reuniones de los procesados con el ex militante de IU Francisco Gordo y la concejal Carmen Lobo "tenían como finalidad que esta última volviera al equipo de Gobierno ante la noticia, que luego resultó falsa, de que había sido absuelta" del delito que motivó su expulsión de IU.

Además, según este letrado, el jurado no pudo valorar "si la situación fue creada y provocada por los denunciantes con ánimo de venganza".

Por su parte, la defensa del empresario Gaviño alega en su recurso que los informes médicos sobre su cliente, que sufrió un ataque de ansiedad que obligó a aplazar el juicio varios días, fueron leídos al jurado, lo que "lo predispuso en su contra".

Según el letrado de Gaviño, este aspecto se vio agravado por el ingreso en prisión de su cliente, decretado el 30 de octubre de 2012 ante su incomparecencia a juicio, lo que según la defensa transmitió a los miembros del jurado la imagen de que "había obstruido deliberadamente la celebración del juicio".