El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, firmó ayer la resolución en la que se nombra a un nuevo tribunal de las oposiciones para cubrir 61 plazas de bombero. El documento fija para el 5 de mayo la fecha en la que se repetirá el primer examen.

La anterior prueba, realizada el 3 de marzo, fue anulada después de que el presidente y el secretario del tribunal elevaran un escrito al presidente, manifestando sus sospechas de irregularidades, por el elevado número de aciertos -por encima de la media en estos casos- de un determinado grupo de opositores, que confirmó la empresa que asesora en la corrección de las pruebas.

La Fiscalía de Sevilla ya ha abierto diligencias de investigación por el caso del que le han llegado dos denuncias, una del presidente y del secretario del tribunal y otra de un vocal del mismo.

Preguntado sobre si la Diputación se personará en la causa si ésta pasa al juzgado de instrucción, desde el gobierno se remitieron a lo que aconsejen en su momento los propios servicios jurídicos de la institución. "Pensamos que hemos actuado como lo teníamos que hacer ante la sospechas, pero no somos policías", señaló la portavoz Trinidad Argota, responsable del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla (Sepeis). Por su parte, Rodríguez Villalobos puso el acento en que, como anunciaron, el proceso selectivo no va a quedar bloqueado, más allá de los plazos mínimos para configurar el tribunal y fijar las pruebas.

Las plazas, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2014, 2015 y 2016, se sacaron por el turno libre, pero por el sistema de concurso-oposición, de forma que la experiencia y los cursos puntúan en la fase final. Unas 1.500 personas se inscribieron para la prueba anulada y un millar llegó a hacer el examen, un tipo test, que se anuló tras las sospechas de una posible filtración.