El fiscal no pidió prisión para el maestro denunciado por abusos en Casariche

Ni la Fiscalía ni los denunciantes solicitaron a la juez que adoptara una medida cautelar contra un profesor del colegio Lope de Vega que ha sido denunciado por presuntos abusos sexuales a los niños. Como nadie pidió la adopción de ninguna medida, que podía haber sido la de prisión preventiva para el maestro investigado, la juez lo mantuvo en libertad, de acuerdo con el artículo 539 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este precepto establece que para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien esté “en libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada sustituyéndola por la de prisión o libertad provisional con fianza, se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 505” del mismo texto legal.

En el caso de la denuncia a este maestro, a la que se han sumado ya un total de 26 familias, no se adoptó ninguna medida cautelar porque ni la Fiscalía ni ninguna de las partes personadas la solicitó, según confirmaron ayer a este periódico desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La investigación de este caso corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Estepa. La primera denuncia se presentó el pasado mes de abril, siendo un total de 26 familias las que han denunciado hasta el momento los hechos.

El profesor no llegó a ser detenido tras la primera denuncia y, por tanto, no fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que podría en esa comparecencia haber adoptado cualquier medida, incluida la privación de libertad si el juez lo considerara oportuno y lo hubiera solicitado alguna de las partes.

Sin embargo, el docente declaró con posterioridad como investigado en sede judicial, no habiéndose adoptado ninguna medida cautelar contra él porque “ninguna de las partes lo ha solicitado”, señalaron las misma fuentes, que apuntaron que durante la fase de instrucción de la causa se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir al investigado.

Este caso se remonta al curso pasado. En el mes de abril, la madre de una alumna presentó una denuncia ante la Guardia Civil por presuntos “juegos sexuales” del maestro con la menor.

Según fuentes de la Delegación provincial de Desarrollo Educativo y FP, el Instituto Armado informó a la dirección del colegio y éste a la Inspección Educativa. Desde ese momento, el centro educativo ha actuado con las directrices dadas desde la Guardia Civil y el Juzgado. Por tal motivo, no se ha abierto expediente sancionador al docente, quien se dio de baja laboral en esas fechas, tras tener conocimiento de la denuncia.

Una de las madres del colegio se puso en contacto con este periódico para aclarar que la denuncia se ha presentado por parte de “26 familias”, extremo del que la Delegación de Educación “no tiene conocimiento”, pero que ha sido confirmado por el TSJA. Esta denunciante asegura que el caso se puso en manos de la Guardia Civil al saber que el maestro practicaba con los menores “juegos sexuales”.

Las familias han iniciado una campaña de movilización con el lema “los niños no mienten”, con la que exigen que el maestro sea apartado definitivamente de las aulas. Por ahora, según informa Educación, la Justicia no ha decretado medidas cautelares contra el docente, pese a que el asunto lleva más de tres meses siendo investigado. Los denunciantes detallan que la primera denuncia se puso en abril, luego en mayo y la última en junio, semanas antes de acabar el curso.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casariche publicó el pasado viernes un comunicado en el que trasladaba, “en estos momentos difíciles”, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, “a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público”.

“La protección y el bienestar de los niños de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar. Mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad”, informaba el Consistorio.

El comunicado señalaba que “la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que nos obliga a actuar con la máxima prudencia y respeto”. “Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias”, abundaba.