Los tres concejales del PP de Tomares, entre ellos Eloy Carmona, secretario provincial del partido, a los que la Fiscalía denunció por malversación y prevaricación por los informes de una frase por los que el Ayuntamiento pagó más de 2.000 euros al mes, han declarado en el juzgado de instrucción número de 8 de Sevilla como imputados. Fue en diciembre y, según fuentes del gobierno local, se ratificaron en lo que defiende el PP sobre el asunto denunciado por IU y el PA: que se actuó correctamente, con el aval técnico y tienen "tranquilidad absoluta" al respecto. 

La imputación de Carmona (edil de Presidencia), Juan Campos (hoy edil de Medio Ambiente y que cobró ese dinero tras no salir elegido concejal en 2007) y de la edil de Cultura, Mercedes Fuentes (que ocupó antes la Concejalía de Medio Ambiente), trascendió este jueves, cuando el Ayuntamiento que dirige el secretario del PP-A, José Luis Sanz, se vio sobresaltado de nuevo por la visita de la Policía Judicial. Es la segunda vez en el marco de esta investigación. Hubo otra comisión en octubre que motivó que la oposición, en la que también está el PSOE, pidiera un Pleno para reclamar explicaciones, que se celebró en diciembre. 

Este jueves, varios agentes requisaron dos ordenadores, el del Juan Campos y el de un técnico municipal "contratado", Juan David Bretones, según especificó el gobierno en su comunicado, del área de Medio Ambiente. Es una de las personas que ya han declarado en calidad de testigo. También pidieron los originales de una documentación que se había remitido en "copia" al juzgado. Aunque, como insistió el PP de Sevilla, que respaldó al gobierno de Tomares, no fue un registro policial. 

Según otras fuentes, la juez ya ha tomado declaración a los tres imputados, a la edil de IU Valme Sánchez y a casi una decena de testigos, entre personal municipal y ex ediles del PP. En esas declaraciones, la juez se habría interesado no sólo por la relación laboral de Campos con el Consistorio tras ir de número 13 en la lista del PP y no salir elegido, sino por una empresa por la que pudo estar contratado y que trabajó para varias delegaciones, Guerra 21, a la que el PA alude en el escrito que elevó a la Fiscalía, aunado con el de IU. Tanto IU como el PA se van a personar en el caso. 

Éste tiene su origen en el análisis de las cuentas municipales de 2007 a 2011 que hizo la oposición. De ahí sacaron los gastos en comidas y por los que, al margen de la polémica, el PA presentó una denuncia por una factura del PP-A que se cargó "por error", según el gobierno, al Consistorio. También trascendieron estas facturas cobradas por Campos de octubre 2007 a octubre de 2009. El alcalde -al que la investigación ha estallado cuando se postula como presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta- firmó en 2007 con Campos un "contrato menor de consultoría y asistencia" para la "inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras", con un fijo de 975 euros al mes y 150 por cada "informe de especial complejidad" que hiciera. Faustino Rodríguez, otro edil responsable de área de entonces, ha asegurado que no le constan esos trabajos, pero el PP cuestiona su testimonio por el enfrentamiento que tiene con la formación. 

El contrato que consta era por un año y no alude a la renovación, pero Campos siguió facturando en 2008 y 2009. La mayoría de los informes que han aparecido se ciñen a una única frase o línea, con consideraciones genéricas, como que se "constata" que "cada vez hay mayor acumulación de basura"; o "el grado de humedad de una vivienda de dicha calle", como se dice en otro, o varios en los que se "reitera" o remite a informes previos. La mayoría de meses la facturación supera los 2.000 euros. 

En su denuncia, el edil del PA, que fue socio de gobierno del PP en esa etapa, habla de que los informes han podido ser realizados aposteriori, porque no se aprecia "deterioro del tiempo" en el papel o aparecen fotos de fechas distintas a la inspección. Alude a que Campos trabajaba así como un asesor más de Sanz, que oficialmente sólo tenía cinco cargos de confianza. El gobierno local ha defendido que el contrato contó con el "control y aprobación" por parte de Intervención. Este jueves, en su comunicado incidía en que Sanz ordenó "colaborar con la justicia" en todo momento, y censuró el haberse enterado de la visita de la Policía Judicial por la prensa. "El gobierno desea que todo se aclare cuanto antes, que se sepa la verdad, que las acusaciones que se están vertiendo son falsas". Hoy se ha convocado una comisión informativa, para informar de lo ocurrido ayer a la oposición. Pero el PSOE, IU y el PA pidieron ya "responsabilidades políticas" y el cese de los denunciados. Sanz no está entre ellos. Dada su condición de senador y aforado, de producirse esa imputación el caso tendría que pasar al Tribunal Supremo.