La Junta asegura que para responder a los problemas planteados en algunos ayuntamientos con los planes de empleo -por tener que pagar a estos contratados según los convenios colectivos, para los que no alcanza la subvención autonómica- ya dio la opción de que se modificaran las propuestas presentadas inicialmente.

El objetivo fue reducir el número de beneficiados por esos contratos, aunque en igual proporción lo hagan también los fondos que se traspasan, hasta lo que cada ayuntamiento se pueda permitir si tiene que aportar más fondos para los salarios.  

Así, el nuevo equipo de la Consejería de Empleo, Prevención y Trabajo Autónomo descarta que tenga responsabilidad en el sobrecoste que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que unifica doctrina en este aspecto tras un recurso de Alcalá de Guadaíra, tendrán que asumir algunos consistorios por las reclamaciones. Sólo en el caso de Alcalá se estiman en casi dos millones de euros. 

Alcalá estudia si jurídicamente es posible reclamar alguna compensación a la Junta

La Junta insiste en que no puede responder por los convenios laborales que tenga cada administración local y que las tablas salariales, con la asignación para cada grupo de cotización y categoría laboral, se calcularon y fijaron con las medias. 

A pesar de estas incidencias, el Gobierno autonómico insiste en que los planes de empleo "se están desarrollando a buen ritmo". Se han resuelto 755 proyectos de otros tantos municipios y se ha abonado ya el 75% de la subvención a 716 de ellos. Se ha contratado ya a 16.224 personas. 

De esos 755 municipios que en toda Andalucía han puesto en marcha planes de empleo, sólo consta la renuncia de seis, lo que supone algo más del 1%. Eso sí, entre ellos se encuentran, precisamente, los dos más importantes por población, los de las ciudades de Sevilla y Málaga, que son además de distinto signo político y que han renunciado e incluso devuelto a la Junta cantidades millonarias por el temor a los sobrecostes salariales del mismo. 

Alcalá de Guadaíra ha anunciado que está estudiando si jurídicamente es posible reclamar a la Junta algún tipo de compensación por el desembolso sobrevenido. 

Empleo asegura que dio la opción de reducir el número de contratos hasta lo que pueda pagar cada ayuntamiento

Según la Consejería, los problemas se han dado sólo en aquellos ayuntamientos con convenios laborales que terminan repercutiendo en sueldos más altos. 

También recuerda que el anterior gobierno socialista no contempló la subida del Salario Mínimo Interprovincial (SMI) hasta los 900 euros en la normativa que regula la Iniciativa de Cooperación Social, bajo la que se desarrollan estos planes de empleo (como Emple@Joven, +30 y +45) ni tomó ninguna iniciativa para ajustarlo. Ello afectó a una de las cuatro categorías con las que los ayuntamientos contratan a los desempleados. 

Conscientes de estos problemas, se mantuvo una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) y se envió una carta a los ayuntamientos explicando las soluciones administrativas a las que podían acogerse.