Las urbanizaciones piden la retirada del PGOU que les "condena" al ostracismo

Los propietarios de viviendas o solares en las urbanizaciones de Carmona han pedido, a través de la asociación que las agrupa, que el PGOU que se acaba de aprobar inicialmente con el respaldo de todos los partidos y negociado con la Junta sea retirado y se aborde con una mayor participación. Así lo han expresado en las alegaciones que Asocurca (Asociación de Urbanizaciones de Carmona) ha presentado al documento, que -denuncia- no solventará la falta de servicios y el riesgo ambiental que conlleva la existencia de estos núcleos, al considerarlos como "procesos indeseables" y al no asumir la necesidad de "resolver un problema", según mantienen.

Muchas de estas urbanizaciones tienen su origen en los años 70, suman 5.070 viviendas, una población estimada en 12.000 personas y 11,7 millones de metros cuadrados de suelo, el 70% de todo el terreno urbano que se aborda con el PGOU y seis veces lo que suman el casco de Carmona y Guadajoz. Teniendo en cuenta que su regularización ha sido muy cuestionada por los colectivos conservacionistas y, durante un tiempo, incluso por la Junta, el PGOU prevé un crecimiento para las mismas muy moderado, de 807 viviendas, de las que sólo 50 serían nuevas. El resto se corresponden con parcelas que ya existen y no están construidas. Fija una parcela mínima de unos 2.000 metros.

Para Asocurca, este modelo es poco "realista" y hará que todo siga como hasta ahora, al hacer "inviable" que los propietarios -por su escaso número, pese a la extensión del suelo- puedan asumir los elevados costes de la urbanización. Al no considerarlas dentro del "modelo de ciudad", el PGOU se "olvida" también de los sistemas generales de infraestructuras, comunicación y dotacionales en estos núcleos y de su articulación con el núcleo principal.

Asocurca recuerda que muchas de las urbanizaciones se ajustaban en origen a la normativa existente hace 30 años. Pero la Administración no exigió a los promotores que parcelaron y vendieron el suelo las infraestructuras que tenían que hacer. Por eso creen injusto que ahora se quiera hacer recaer todos los costes en los que compraron sin que la administración "al menos" facilite "la asunción de cargas", aumentando la densidad de viviendas.

La presidenta de Asocurca, Luisa Gómez, explica además que en estas urbanizaciones hay un alto porcentaje de propietarios que son trabajadores jubilados, que autoconstruyeron sus casas y cuyos hijos no se pueden trasladar a la zona por la falta de servicios básicos o que si lo han hecho es por la crisis y a las viviendas de sus padres. O no tienen recursos suficientes para asumir la inversión o, por su edad, no pueden acceder a créditos, asegura. Nada que tenga que ver con el concepto de urbanizaciones de lujo o de elevados niveles de renta que muchas veces se proyecta. De mantenerse el PGOU, "condenará" a estas áreas a permanecer en las condiciones precarias en la que están y a convertirse incluso en "foco de marginalidad", advierte.

En las alegaciones de Asocurca, se aboga por "reequilibrar" el crecimiento que prevé el PGOU de Carmona para el conjunto del municipio. Así, propone que éste sea menor para el casco histórico, donde el PGOU contempla 3.165 viviendas más, a pesar de que se estima que hay 1.200 casas vacías. Y quiere que el crecimiento se reparta con las parcelaciones. En concreto, se apuesta por que en ellas se clasifique suelo para unas 1.380 viviendas más, casi el doble de lo que se ha previsto, distribuidas en dos "áreas de reparto", que también acogerían equipamientos públicos. Éstas se ubicarían en torno a la A-4 y el eje transversal Brenes-Mairena del Alcor, que se pide que se potencie incluso como zona de gran interés para suelos productivos, por su cercanía al aeropuerto de Sevilla y a Santa Justa. Cerca de esta zona se ubican la mayoría de las parcelaciones, junto al límite con Sevilla.

Asocurca aboga por reducir la parcela mínima a unos mil metros cuadrados de media, en la misma línea que las parcelaciones que han podido avanzar en el proceso de regularización (Matallana, La Cierva, Pino Grande), donde rondan los 600 u 800 metros por parcela. Los costes de urbanización se podrían reducir a la mitad: de 40.000 euros de media por propietario, a 20.000.