Fianzas de más de dos millones para Luis Oliver, José León y Jaime Rodríguez Sacristán

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilplana ha abierto juicio oral contra el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, al que ha impuesto una fianza civil de 2,8 millones, mientras que a los ex presidentes José León y Jaime Rodríguez Sacristán les ha fijado igualmente sendas fianzas de 2,2 y 2,8 millones.

En un auto, el instructor ha abierto juicio oral contra los siete acusados y ha decidido imponer estas fianzas para “asegurar las responsabilidades pecuniarias (pena de multa, responsabilidad civil y costas procesales)” y ha dado diez días a los acusados para que presten dichas fianzas, y en caso de no prestarla se le embargarán los bienes para asegurar esta cantidad.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de cinco años de cárcel para el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, al que acusa de un delito de apropiación indebida continuado de un millón de euros en concurso medial con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, y también ha solicitado penas de cuatro años de prisión para el ex presidente José León y de nueve meses para Jaime Rodríguez Sacristán.

En el escrito de conclusiones provisionales remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –la causa se abrió cuando la titular era Mercedes Alaya-, el Ministerio Público relata la intervención de Luis Oliver en asuntos como los traspasos de los jugadores Mehmet Aurelio y Sergio García, así como otra operaciones que supuestamente habrían perjudicado a la entidad verdiblanca.

La Fiscalía pide en concreto cinco años de cárcel para Luis Oliver y el pago de una multa de 6.000 euros, así como que indemnice al Real Betis con 1.090.750 euros, aunque señala igualmente que parte de estas cantidades deberán abonarse conjuntamente por los otros seis acusados.

En el caso del ex presidente José León, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida en concurso medial con otro de falsedad continuada en documento mercantil, y el pago de una multa de 6.000 euros, mientras que al ex presidente Jaime Rodríguez solicita una pena de nueve meses de prisión. La acusación pública reclama otros dos años para los acusados José María Gálvez –al que el juez le ha fijado una fianza de 2,1 millones- y Miguel Ángel Mayayo -2,1 millones-; un años y seis meses de prisión para Plácido Nicanor Robla –fianza de 990.000 euros-; y un año de prisión para Isabel Escrig Juan -370.000 euros-.

Por su parte, la asociación particular que ejerce la Liga de Juristas Béticos eleva hasta 12 años (o diez años de manera subsidiaria si se considera que es un delito de administración desleal y no de apropiación indebida) la pena de prisión para Luis Oliver, al que atribuye delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales; otros tres años (o dos años) de prisión para José León; y dos años (o uno) para Jaime Sacristán.

Y la otra acusación, Béticos por el Villamarín reclama hasta 17 años de prisión para Luis Oliver, y hasta 11 años para José León y Jaime Rodríguez Sacristán como cooperadores necesarios de delitos de apropiación indebida y de cuatro delitos de blanqueo de capitales.

La asociación “Por nuestro Betis” pide seis años para Oliver por delitos societario y de blanqueo de capitales, mientras que para León y Sacristán reclama cuatro años.

Y la acusación que ejerce el propio Real Betis pide hasta doce años de cárcel para Luis Oliver, José León y Jaime Rodríguez Sacristán por apropiación indebida y blanqueo de capitales, si bien el alternativamente plantea una calificación por un delito continuado de administración desleal –en lugar de apropiación- por el que solicitaría dos años menos para cada uno.

El escrito de conclusiones de la Fiscalía señala que desde su nombramiento como consejero delegado Luis Oliver actuó como “administrador de hecho” del Real Betis, y en ese cometido y “con ánimo de obtener un beneficio económico” realizó los hechos que se le atribuyen.

El primero de ellos guarda relación con el traslado del jugador Mehmet Aurelio al Besiktas turco, donde Luis Oliver, “con la connivencia” del entonces presidente de la entidad, José León, “hizo aparecer como el intermediario de la operación” a la empresa Bastogne Corporación, cuyo administrador era el acusado José María Gálvez, quien se había puesto también de acuerdo con el acusado José Ángel Mayayo para que a cambio de 110.000 euros, permitiera que Ángel Mayayo actuara como administrado de hecho de la sociedad. Bastogne presentó al Real Betis el 31 de agosto de 2010 una factura de 345.000 euros en concepto de “mediación” en el traspaso de Mehmet Aurelio.

La Fiscalía también acusa a Oliver en relación con el traspaso de Sergio García al Real Club Deportivo Español, cuyas conversaciones se llevaron a cabo “fundamentalmente” por el propio Oliver, aunque tuvo una “leve intervención” el acusado Plácido Nicanor.

El Ministerio Público sostiene que en realidad la gerencia del Real Betis se puso en contacto con el Real Zaragoza, club que tenía un derecho de tanteo en caso de venta del jugador y al que el Betis debía 7.214.285 euros, y ambos clubes llegaron al acuerdo “sin intermediarios” por el que el Real Zaragoza ejerció el derecho de tanteo sobre el jugador por 7.080.000 euros, que efectivamente pagó “compensando la deuda” y a su vez el Zaragoza traspasó al jugador al Español por esta misma cantidad.

Para el Ministerio Público, pese a la “falta de verdadera intermediación de personal ajeno” al Betis, Oliver con la “connivencia” de José León, quien “sabía la prácticamente inexistente mediación”, se puso de acuerdo con Plácido Nicanor para que éste presentase una factura por su intervención de 590.000 euros, que fue abonada por el Betis con un pagaré el 26 de agosto de 2010. Tras recibir 110.000 euros como pago por sus servicios, Bastogne Corporación transfirió el resto del dinero a cuentas de Luis Oliver y de José Ángel Mayayo.

La Fiscalía también imputa a Oliver la contratación de la empresa Orión Consultaría y Gestión, cuya administradora era Isabel Escrig Juan, para la prestación de servicios de gestión y asesoramiento por el que el Betis pagaría 41.300 euros mensuales, llegando a percibir 146.200 euros hasta diciembre de 2010, “sin que los servicios prestados justificasen tan alta remuneración, pues las costas laborales de dicha prestación de servicio más gastos sólo ascienden a 52.566 euros en total, ya que la gestión y administración también siguió llevándose por empleados del Real Betis”.

Otros asuntos que la Fiscalía atribuye a Oliver son el la realización de una “due diligence” a la empresa auditora Deleytax y “para ahorrarse el pago que debía hacer frente Bitton Sport y no el Real Betis”, consiguió que José León autorizara el pago de 35.000 euros que correspondía a la factura de 13 de julio de 2010 presentada por Deleytax.

Por último, el Ministerio Público explica que Oliver, a través de testaferros, controlaba al mercantil Lucerna Technology S.L., empresa con la que el Betis firmó un contrato de mantenimiento de las instalaciones del club y dirección y gestión de personal por el que el club verdiblanco pagaba 5.280 euros al mes, “a sabiendas de que Lucerna Technology no iba a realizar función alguna”. Así, el Betis pagó por servicios no prestados los meses de octubre y noviembre de 2010 un total de 27.614 euros, “suma de la que se aprovechó el acusado Oliver”, apostilla el fiscal.