La Gerencia de Urbanismo recibe la primera denuncia por la reforma iniciada en la sacristía de la Parroquia de la Magdalena. La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha elevado ante el organismo autónomo una denuncia por el "levantamiento de un muro de pladur" en la sacristía de un templo declarado Bien de Interés Cultural en 1970. La intención de la parroquia, como avanzó este periódico, es habilitar un despacho para el vicario parroquial. La entidad conservacionista, que preside el historiador Joaquín Egea, solicita a la Gerencia que "actúe en el ejercicio de sus funciones, apercibiéndose al propietario del inmueble de referencia para que en virtud de la legislación de protección del patrimonio histórico, retire o derribe el muro de pladur, restituyendo por tanto el estado originario del bien". Adepa exige a la Gerencia que actúe subsidiariamente en caso de que la autoridad eclesiástica no haga caso del requerimiento.

Adepa asegura en el escrito de denuncia que la reforma contraviene la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley 16/1985 de 25 de junio de patrimonio Histórico Español, principalmente al perturbar la contemplación de un BIC y alterar su carácter. La entidad conservacionista afirma que "la situación del muro y los materiales empleados en la intervención son totalmente incompatibles con la conservación de un bien que ostenta la máxima protección, así como con la tradición constructiva del mismo".

En los fundamentos de Derecho se cita el artículo 33.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que prohíbe "toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación". Se recuerda que en el mismo sentido se pronuncia el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. La ley andaluza califica como "infracción grave" el incumplimiento de las prohibiciones establecidas y obliga a la restitución y reparación de las cosas a su estado original para aquellas infracciones de las que se deriven daños en el patrimonio histórico andaluz. La denuncia de Adepa cita incluso el artículo 46 de la Constitución Española: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad".

La sacristía posee arquitectura, escultura y pinturas del XVII y el XVIII. La comisión provincial de patrimonio ya ha anunciado una inspección.