La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha iniciado este jueves una campaña de recogida de firmas pidiendo la retirada de los cargos que se le imputan a la operadora de cámara de La Sexta Ana García, después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía "se haya negado a dar explicaciones sobre la actuación de la Policía en la detención" tras una reunión celebrada este jueves, y a la que "no ha asistido la delegada, Carmen Crespo".  

Así, y a través de un comunicado del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), que junto a la APS ha participado en el citado encuentro, se pone de manifiesto "ha quedado en casi nada". "Ni la delegada ha aparecido, ha delegado en su jefa de gabinete y en la responsable de prensa, ni éstas han dado ninguna respuesta a las preguntas que tanto el SPA como la Asociación de la Prensa le hemos planteado sobre los incidentes y actuación de la policía que acabó con la detención de cinco personas en el transcurso de una manifestación contra los desahucios".  

Además, se indica en dicho comunicado, desde la Delegación del Gobierno "no se han salido una coma del mensaje oficial de defensa al derecho a la información y de que toda la actuación está en manos de la justicia y debe ser ésta quien dirima posibles responsabilidades", por lo que "de nada han servido los múltiples esfuerzos" de los representantes del SPA y APS en preguntar por las gestiones realizadas desde la Delegación tras la detención de la cámara hasta su puesta a disposición judicial, "ni si se le va a pedir a la Policía que retire los cargos que pesan sobre Ana García, tal como le hemos exigido".  

Al respecto, continúan, el único pronunciamiento de la Delegación  ha sido la "presunción" de que las fuerzas del orden "cumplen escrupulosamente" con el protocolo procedimental en la defensa de sus funciones, de lo que se deduce que "somos los periodistas los que no cumplimos con nuestro deber al intentar informar a los ciudadanos de lo que ocurre".  

Además, la Delegación "no ha querido entrar en la actitud de la policía de intentar evitar a toda costa que los cámaras y periodistas en general seamos testigos de situaciones comprometidas en manifestaciones y protestas ciudadanas". "El caso de Ana García ha sido el último ejemplo hasta ahora, pero hay antecedentes en Cádiz con los cámaras de Canal Sur Televisión durante las protestas en Navantia, o en Granada, durante la huelga general del 15-N", destacan. 

Aún así, tanto el SPA como la APS señalan, a través de esta nota, que "están dispuestos a debatir sobre el derecho a la información y cómo garantizarlo entre todos los ciudadanos, así como a asegurar la labor periodística de los profesionales". "Para ello seguimos reclamando la necesidad de una regulación de la profesión, a fin de determinar quién es periodista, nuestros derechos y nuestras obligaciones", concluyen.