El Ayuntamiento y la Junta pactan otra tregua para desalojar la Corrala Utopía

Ahora que el caso de las familias de la Corrala Utopía ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las administraciones públicas se han sentado con urgencia a evitar el desalojo forzoso ordenado el lunes por la Justicia para la treintena de familias que ocupan desde 2012 un bloque de viviendas de Ibercaja en San Lázaro. En el auto judicial del lunes, la Audiencia Provincial ve claros indicios de un delito de usurpación de un bien inmueble.

Bastó la reunión de este miércoles en la Plaza Nueva entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), para frenar el desalojo, aunque la solución definitiva no se anunciará hasta la próxima semana. Las autoridades judicial (la Fiscalía) y policial (la Delegación del Gobierno) recibieron este miércoles comunicación por escrito de ese acuerdo del Ayuntamiento y de la Junta cuyo objetivo es cumplir todas las medidas que dicta el auto judicial y fijar un plazo de una semana para una solución definitiva.

Flanqueado por la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y la delegada municipal de Asuntos Sociales y Familia, Dolores de Pablo-Blanco, el Defensor del Pueblo Andaluz explicó que en esta primera reunión "se han sentado premisas básicas de respeto a la ley, cumplimiento del auto, atender derechos de los más vulnerables y evitar consecuencias que nadie quiere".

El Defensor, Jesús Maeztu, encargado de explicar a la prensa los detalles, declaró que la comunicación de este acuerdo es suficiente para evitar el desalojo porque se cumple el auto judicial y, por tanto, aseguró que no hay riesgo de que acuda la Policía a ejecutar el desalojo.

Ambas administraciones han mostrado su "firme resolución de llegar a una solución que evite las consecuencias que nadie quiere de un desalojo no voluntario", dijo Maeztu, que será el "garante de esos acuerdos de las administraciones ante los tribunales".

Las familias de la corrala, que esperaban impacientes a las puertas del Ayuntamiento, reaccionaron airadamente y con nerviosismo al conocer que deben esperar una semana más para una solución definitiva. Temen que la Policía se presente en la Corrala en cualquier momento dado que hay una orden judicial de la Audiencia Provincial. "Me pueden echar esta noche porque ¿dónde está la firma en el papel para parar el desalojo si está apretando Ibercaja?", trataba de razonar Carmen Ferrer, una de las vecinas de más edad. "Pedimos que se nos diga claramente que se ha parado el desalojo y que nos den hoy una solución. Nos hablan de una manera que no entendemos, con palabras técnicas", gritaba otra mujer. "El alcalde está comiento ahí tan a gusto mientras a nosotros nos echan", se desgañitaba otra vecina que se echó a llorar.

El Defensor mostró este miércoles su satisfacción por el acercamiento de posiciones y dijo que hoy se formará la comisión donde estarán los técnicos delegados de ambas administraciones. "En unos días, estamos hablando de en esta próxima semana" se puede llegar a una solución, dijo Maeztu. Admitió que se han planteado alternativas que no quiso desvelar porque antes "hay que acreditar una serie de cosas, y evitar el efecto llamada. Las administraciones sólo pueden actuar con arreglo a la ley, con arreglo a un orden, a unos procedimientos, que sean los más ágiles posibles", recalcó.

Al Defensor le preocupa la protección de los derechos de los niños, de los mayores y de la población vulnerable."Hay que hacer las cosas bien. Hay que ver qué soluciones son ajustadas a derecho", defendió.

Respecto a por qué no se ha trasladado provisonalmente a las familias a los pisos vacíos de las administraciones, el Defensor afirmó que esta opción se ha barajado, pero no es tan fácil porque cada promoción puede tener una legislación o un plan concreto, porque se busca una solución definitiva no provisional, y que los vecinos de la Corrala acrediten que tienen una necesidad eral de vivienda. "Estas cosas se van a hacer bien. Aquí se va a evitar el peregrinar de la familias", declaró.

Ibercaja, la entidad bancaria propietaria de las viviendas, no participará en esa comisión técnica que hoy se crea ni estuvo en la reunión de las administraciones. Fuentes de Ibercaja aclararon este miércoles a este periódico que "la entidad ya ha hecho todo lo que estaba en su mano para dar una solución a las familias en estos 20 meses". El banco no participará en más reuniones sobre el tema y está a la espera de la solución que acuerden el Ayuntamiento y la Junta.

Según Ibercaja, ocho de estas familias han abandonado ya la Corrala Utopía de Sevilla a cambio de un piso de alquiler con renta de 300 euros que se le ha ofrecido en zonas diversas de la ciudad. El banco ayuda a pagar y avala a la familia, asegura. No todos los ocupantes de la Corrala han aceptado esta opción porque este contrato de alquiler se ofrece sólo por un año. Es el llamado programa "llaves solidarias" que creó Ibercaja en 2003 y que desde su creación ha permitido dar una vivienda solidaria a más de 1.700 familias en toda España, sobre todo en Zaragoza.

El edificio ocupado por las familias se encuentra en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales. El caso ha llamado la atención de televisiones internacionales y ha llevado a la asociación de juristas independientes 17 de marzo a pedir amparo al tribunal europeo.