La unidad turística de la Policía Local de Sevilla no pasa por sus mejores momentos. Y no porque apenas haya turistas en la ciudad por la pandemia, sino por una polémica política que amenaza con acabar con el que en su día era un grupo puntero de la fuerza municipal. Por entonces se llamaba Grupo Giralda y patrullaba de paisano por la zona monumental. Los comerciantes del centro tenían los teléfonos móviles de los agentes y raro era el día que éstos no abortaban un hurto o se detenía un carterista.

Pero de eso hace ya bastante tiempo. Hoy, con un nombre nuevo, el de Policía Turística, el grupo sobrevive a duras penas a las zancadillas que el propio gobierno de la ciudad les pone. A principios de noviembre, el alcalde anunció que la unidad pasaría a tener una nueva sede en un edificio anexo a la oficina de turismo del paseo de Marqués de Contadero, junto al río Guadalquivir. Hoy, menos de dos meses después, alguien ha retirado los vinilos que indicaban que aquello era una oficina de la Policía Local y los agentes ni siquiera tienen la llave del edificio. 

El traslado comenzó en septiembre, cuando se llevaron las taquillas, los ordenadores y todas las herramientas del grupo a la nueva sede. Antes ocupaba una oficina en el distrito Casco Antiguo, en la calle Crédito, muy cerca de la Alameda de Hércules. Sin embargo, a día de hoy, los agentes no se han trasladado todavía. Primero el edificio se quedó sin vigilancia de seguridad privada. Después se les quitaron los vinilos a los cristales de la oficina.

Y, según explicaron fuentes policiales a este periódico, los responsables de las instalaciones, que dependen del área municipal de Turismo, no permiten que los agentes estén allí. Pretenden que los policías firman una hoja de entrada y salida. No pueden dejar sus enseres allí ni permanecer en las dependencias. No tienen llaves para abrir y cerrar, por lo que no pueden organizar en esta sede los turnos que excedan el horario de la oficina de turismo. Es decir, el de tarde y el de noche, si lo hubiera. 

"No nos quieren aquí y desde el primer día han boicoteado nuestro traslado", explicaron a este periódico las mismas fuentes, que aseguran que en el fondo de este asunto subyace la pugna entre los concejales de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, y de Hábitat Urbano y Turismo, Antonio Muñoz. En noviembre, en una nota de prensa en la que el Ayuntamiento informaba de dos intervenciones de la Policía Turística, se incluían unas declaraciones de Cabrera en la que defendía el traslado a la nueva sede. 

El edil decía que el grupo "recientemente se ha reforzado con su traslado a oficinas anexas a las de Turismo de Sevilla, en el Paseo Marqués de Contadero, para una mayor especialización y una mejor y mayor coordinación con el organismo de promoción turística de la ciudad". La coordinación, de momento, parece que no se ha conseguido. 

Las fuentes policiales consultadas por este periódico recuerdan que la unidad realiza más de 200 atestados anuales y decenas de detenidos por hurtos y robos en el centro. Sin embargo, consideran que no sólo sufren las trabas del gobierno local, sino también de la propia Jefatura, que ha ido quitando funciones al grupo e impidiendo que sus miembros vistan de paisano, con la consiguiente pérdida de eficacia. "Ya no pueden atender a las llamadas que muchos comerciantes hacen, cuando encuentran a una persona sustrayendo ropa u objetos", apuntan.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla negaron a este periódico que existan problemas con el funcionamiento de la Policía Turística, que está funcionando en la nueva sede, según la versión oficial. Estas mismas fuentes apuntan que la atención al ciudadano está prevista más adelante, ya que ahora no hay turistas debido a la pandemia, pero que los agentes están prestando servicio y tienen los módulos asignados.