La Fiscalía de Sevilla investiga la muerte de mayores en las residencias de la provincia, aunque por el momento no se ha detectado ninguna conducta imprudente ni una situación anómala con relevancia penal. El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, ha confirmado a este periódico que, prácticamente desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, la Fiscalía hispalense mantiene abiertas unas diligencias "informativas", no unas diligencias de investigación penal, para realizar el seguimiento de los fallecimientos que se están produciendo en las residencias de la provincia. El número de mayores fallecidos en la provincia se sitúa actualmente en torno a los 40, dado que además de los casos donde se han concentrado un mayor número de muertes (la residencia DomusVI de la capital y Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache), se han producido otros fallecimientos en residencias de Arahal y Lebrija.

La investigación de la Fiscalía se produce al amparo de las órdenes del Ministerio de Sanidad 265 y 275, dictadas con fecha 19 y 23 de marzo, respectivamente, relacionadas con le adopción de medidas de las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La Sección de Personas Mayores y de Protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla se hizo cargo de estas diligencias informativas, en la que se está realizando un seguimiento de los últimos casos conocidos, como la muerte de 12 ancianos y el contagio de cerca de 70 personas, entre residentes y trabajadores, en la residencia DomusVi Santa Justa, en la calle Baltasar Gracián de la capital y de titularidad privada, o los 24 mayores fallecidos en el geriátrico Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, donde se han contabilizado un total de 79 pacientes con resultados positivos en los test del coronavirus.

De la misma forma, la Fiscalía hispalense realiza un seguimiento de los casos que se puedan producir en otras residencias de la provincia y, en el supuesto de que se constatara alguna conducta de imprudencia o de otro tipo con relevancia penal, se actuaría, algo que por ahora no se aprecia.

No se ha detectado una "situación anómala" en la residencias

El fiscal Norberto Sotomayor, responsable de la Sección de Mayores de Mayores y de Protección de personas con discapacidad, ha explicado a este periódico que, en principio, no se ha detectado que las residencias donde se han producido estos fallecimientos de mayores hayan actuado mal, puesto que "no se ha detectado una situación anómala en cuanto a los procedimientos" empleados por el personal y el tratamiento de los residentes, sino que la enfermedad ha entrado en estos centros donde hay un colectivo de personas "muy vulnerables" al Covid-19. 

De la misma forma, el representante del Ministerio Público ha destacado que no hay "ningún dato" que apunta a una falta de previsión, más allá de que quizás se debió haber ordenado antes el cierre de las residencias, pero estos centros "han cerrado cuando les han dado órdenes de cerrar", ha precisado Norberto Sotomayor.

El fiscal ha destacado que, en el caso de la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, la inspección de la Junta había realizado hasta tres inspecciones previas en las que no se detectó "nada irregular" e incluso la dirección del centro se anticipó al hacer un acopio de material sanitario y de geles hidroalcohólicos antes de la declaración del estado de alarma. Incluso se limitaron las visitas a los residentes antes del 14 de marzo, por lo que en principio no se observa ninguna conducta imprudente con relevancia penal.

Norbeto Sotomayo ha señalado que en estos momentos la Fiscalía está "recabando información", para lo cual recibe información diaria por parte de la Junta de Andalucía, aunque ha añadido que en su momento "tendrán que hablar con los médicos para que expliquen qué ha pasado" en las residencias, aunque por el momento insiste en que no se ha detectado nada irregular. El fiscal ha resaltado igualmente la colaboración de la inspección de Sanidad y de los Servicios Sociales, que están acudiendo a las residencias y realizando un mayor seguimiento en aquellas donde hay más incidencias.

La Fiscalía está recabando no sólo los datos de fallecimientos sino también de las sospechas de contagios, tanto de los mayores residentes como de los trabajadores de estos centros.