Las universidades sevillanas hacen números. La obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por todos sus alumnos en prácticas supondría una merma en sus presupuestos anuales.

El Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre, aprobado a finales de 2018, obliga a la cotización de todos los becarios universitarios y de Formación Profesional, independientemente de que sean prácticas remuneradas o no. Una medida, que si finalmente se aplicara, supondrá para la Universidad de Sevilla y a la Pablo de Olavide tener que hacer frente a un coste de unos 2,3 millones de euros.

En el caso concreto de la Hispalense, en palabras del rector Miguel Ángel Castro, se estima en unos dos millones de euros el impacto en la Universidad de Sevilla si la institución académica se tuviera que hacer cargo de esta cotización. Castro ya dejó claro esta semana el impacto negativo que tendría esta medida en las cuentas para este año, así como del escaso margen para encajar esta cantidad en el presupuesto, fijado en 497.942.104 euros.

El rector de la Hispalense alertó de un más que previsible recorte en el número de prácticas e incluso aseguró en un desayuno informativo reciente con la prensa que algunas empresas les han trasmitido ya su "inquietud" ante esta cuestión. "Percibimos esa inquietud en las empresas que nos llaman para decirnos que no tendrían capacidad para recibir a los estudiantes", afirmó.

"Inquietud" en las empresas por una incapacidad para recibir estudiantes

Los datos facilitados por la Universidad Pablo de Olavide, elevan esta cuantía a los 340.000 euros para un presupuesto que se ha marcado este año en 82,4 millones. En base a los datos de 2018, en esta institución, aproximadamente 2.118 alumnos cursaron prácticas curriculares de grado y postgrado, es decir, aquellas que sí están integradas en el Plan de Estudio y, por lo tanto, están diseñadas en base a unas competencias y objetivos académicos y son obligatorias para finalizar los estudios.

En el caso de la US, en 2018 se cursaron unas 4.000 prácticas en empresa dentro de esta modalidad. El número total de alumnos que realizarán prácticas este año, ya sean curriculares o extracurriculares, se eleva a 11.000 alumnos, según los datos facilitados por Miguel Ángel Castro.

Los rectores piden margen de tiempo

Ante todo este revuelo, esta semana ya se ha producido la primera reunión entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las universidades y los representantes de estudiantes para abordar este asunto. Todas las partes implicadas coinciden en la necesidad de asegurar y mejorar la cobertura de los estudiantes en prácticas y que estas coticen a la Seguridad Social.

Así lo ha indicado el en un comunicado tras la reunión mantenida con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en la que el Ejecutivo se ha comprometido a elaborar un borrador que recoja las posibles bonificaciones a los estudiantes, que será estudiado en un nuevo encuentro antes de que concluya este mes.

Por su parte, la CRUE ha reiterado la necesidad de mantener las prácticas académicas externas y ha pedido que la Disposición que incorpora estas prácticas al régimen general de la Seguridad Social entre en vigor con posterioridad al 1 de enero de 2020.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, señaló que el Gobierno no permitirá ninguna medida sobre la cotización de alumnos en prácticas -como ha planteado el Ministerio de Trabajo- si ello es perjudicial para el sistema educativo, y ha asegurado que "buscará una salida" a este tema.

En este sentido, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, concretó hace unos días que el Ministerio que dirige Pedro Duque está intentando llegar a una fórmula que garantice los derechos de los alumnos y que el coste de las cotizaciones no recaiga en su totalidad en las universidades.

En los próximos días la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, se reunirá con los representantes de las comunidades autónomas, consejos sociales y estudiantes para recabar sus propuestas y observaciones al respecto.