Desalojan y cierran tres edificios de la Macarena por el robo de puntales

El Ayuntamiento desalojó y clausuró ayer los tres edificios situados en los números 2, 4 y 6 de la calle Fray Isidoro de Sevilla, ocupados por la Corrala Dignidad, por los graves problemas estructurales agravados por el robo de los apuntalamientos y por graves problemas de salubridad e inhabitabilidad.

En el momento de la intervención, a primera hora de la mañana, sólo había 18 personas en el interior, pero fueron llegando más personas alegando que residían allí. Los técnicos de Servicios Sociales buscaron alojamiento a 14 personas en el Centro de Acogida Municipal y a cuatro en el centro de alta tolerancia. En total, 18 personas la mayoría ya con fichas abiertas en los Servicios Sociales. Una de ellas tenía una orden de busca y captura. La Policía Local la detuvo y fue puesta a disposición del Juzgado.

Estos inmuebles pertenecen a la empresa Fuentes de Sauco S.L., vinculada a la marquesa de Lebrija, con licencia de obras para demolerlos y levantar una promoción de viviendas. Los edificios fueron declarados en ruina en 2014 y no se pueden construir pisos mientras estén ocupados ilegalmente. La propiedad mantiene abierto un procedimiento judicial de desalojo de los ocupas de los edificios que aún no se ha resuelto.

El robo progresivo de los apuntalamientos se ha dado en el número 4 de este edificio, según la denuncia que efectuó la propiedad en junio pasado ante la Gerencia de Urbanismo, administración municipal a la que pidió que revisara los inmuebles.

En la inspección realizada posteriormente, los técnicos municipales han detectado que el robo de puntales ha provocado un “riesgo grave de derrumbe y de peligro inminente” en el número 4, así como una situación de “colapso total” y “un riesgo grave que se extiende también a los números 2 y 6”. Los puntales se colocaron en 2006 por el mal estado de los forjados de las cubiertas.

El dispositivo municipal incluyó Policía Local, Lipasam, Zoosanitario, Bomberos, distrito Macarena y Gerencia de Urbanismo. También se trasladaron al lugar los Servicios Sociales. Los edificios fueron sometidos a refuerzos con nuevos puntales y a una inspección general, limpieza y desinsectación.

Los servicios de limpieza no pudieron desarrollar las actuaciones programadas porque el riesgo en los edificios no garantizaba la seguridad a los trabajadores municipales. Los informes y la evaluación técnica del estado de los edificios ha constatado que estaban incluso peor de lo recogido en los informes.

Inicialmente la situación del número 4 era la más delicada. En los números 2 y 6 se procedió a un desalojo provisional pero se observaron graves riesgos de derrumbe en el número 2 que aconsejaban su clausura y aún quedaba por ver lo que sucedía con el 6.

El Ayuntamiento aclaró que desde 2007 está decretado el desalojo de personas y enseres de este inmueble de propiedad privada así como su clausura, orden que ha sido vulnerada durante este tiempo. No obstante, la situación de peligro inminente para los ocupantes y para el entorno que se produce por el robo de los puntales y por la situación de “colapso total” del inmueble condujo a la puesta en marcha del dispositivo especial.

La Gerencia de Urbanismo asegura en su informe de 12 de julio que las actuaciones municipales para el desalojo y reforzamiento de la estructura tienen un coste de 12.818 euros que pagará subsidiariamente el Ayuntamiento y pasará la factura al propietario. A esta cantidad se añaden los 210,98 euros que cuesta poner una cuba en la vía pública para tirar los enseres y demás basuras. En definitiva, que la factura sube a 13.028 euros.