La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación (DeSevilla), para que se impute en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a esta entidad al ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín o a alguno de los miembros que formaban el patronato de dicha fundación. 

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que actualmente no se deducen indicios contra el anterior regidor o contra los patronos, a pesar de la reciente declaración del interventor del Ayuntamiento y del atestado de la Guardia Civil que apuntaba a la posible existencia de un delito por parte de Monteseirín y de los patronos porque conocían la situación económica de la Fundación y "no tomaron medidas" para solucionar las deficiencias detectadas. 

Las mismas fuentes han explicado que aún cuando existían informes previos de la Intervención sobre las ayudas, en el consejillo previo a la junta de gobierno local -en la que se aprobaban dichas subvenciones-, el interventor municipal no dijo nada y, por tanto, el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y los otros miembros de la junta de gobierno local pudieron entender que los posibles repartos habían quedado salvados con el aval presentado respecto a la justificación de anteriores ayudas.

La Fundación DeSevilla, que ejerce la acusación en el caso de las ayudas irregulares concedidas por la propia fundación, pidió al juez que tome declaración como imputados al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su junta de gobierno y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas. La Fundación DeSevilla, en un escrito, consideraba que sin la intervención de Sánchez Monteseirín y los concejales asistentes a la junta de gobierno local de 20 de abril de 2011 "habría sido imposible la consumación de los hechos delictivos en torno al expediente 98/08". Por ello, la Fundación DeSevilla pide que declaren como imputados, además de Sánchez Monteseirín y Antonio Rodrigo Torrijos (IU), primer teniente de alcalde en el anterior gobierno municipal, los ex concejales Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez. 

En su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga la causa, el interventor del Ayuntamiento José Miguel Braojos aseguró que la junta de gobierno local, que presidía entonces Alfredo Sánchez Monteseirín, aprobó una subvención de 990.000 euros a la Fundación "a sabiendas" y "sin corregir las discrepancias, observaciones y reparos" que se habían detectado en dicho expediente. De esa cantidad, la fundación cobró 742.500 euros y posteriormente renunció a la subvención, pero no devolvió ese importe ni se inició el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda. 

Según el interventor municipal, en esa ayuda (el expediente 98/08, sobre ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo de Cuba, Nicaragua y Colombia) existía un "reparo fundamental", que consistía en que DeSevilla no había justificado una subvención anterior (el expediente 19/06), por lo que "no se debía haber pagado nada como subvención" en las ayudas siguientes. 

Las mismas fuentes apuntaron que, si bien el funcionario municipal afirmó que en la junta de gobierno local se aprobó "directamente la subvención" sin ni siquiera proceder a su deliberación, también es cierto que declaró que previamente a la reunión de la junta de gobierno local existía un "consejillo de técnicos" que estudiaban los asuntos y allí se hablaba de lo que se elevaría a la junta "como un mero trámite". 

Tampoco comparte el Ministerio Público el contenido del atestado elaborado por el equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que en septiembre pasado sostuvo que tanto el ex alcalde como el resto de patronos de la Fundación DeSevilla entre 2008 y 2011 podrían haber incurrido en "responsabilidades penales" por su gestión en la fundación, actualmente en proceso de liquidación. Los investigadores de la Guardia Civil concluían que los patronos eran "sobradamente conocedores de la situación económica" de la Fundación y "no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año, desde el momento que tenían la información y sus votos en las sesiones del Patronato eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado" en la apertura de esta causa judicial. 

La Guardia Civil apreciaba, al menos, la existencia de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y otro societario en relación con los miembros del patronato, pero la instrucción judicial parece dirigirse hacia otras figuras jurídicas como el fraude en las subvenciones, por haber destinado supuestamente las ayudas a otros fines distintos para los que fueron concedidas. 

De hecho, la denuncia presentada en noviembre de 2012 por la abogada Lourdes Fouster, en representación de la Fundación DeSevilla, se dirigía contra 27 antiguos miembros del patronato y los órganos de gobierno de la Fundación, entre los que figuraban el propio Alfredo Sánchez Monteseirín y varios ex concejales. Esta denuncia atribuía hasta cinco delitos a los patronos: de tipo societario -falsedad en las cuentas anuales y administración desleal-, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones. 

En la causa por las irregularidades en DeSevilla están imputados actualmente el ex portavoz municipal de IU y ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, así como el ex delegado de Economía Carlos Vázquez, y el ex gerente de la Fundación Miguel López Adán. El juez considera que la fundación fue "utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas".