Hace ya diez días que el Gobierno anunció que la Policía pretende someter a Miguel Carcaño a la prueba neurológica conocida como test de la verdad para tratar de averiguar el paradero de Marta del Castillo, pero nadie ha solicitado aún la autorización al juez del caso, el titular de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina. Si el 27 de enero fue el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien se mostró esperanzado con la posibilidad de utilizar este novedoso sistema, ayer fue la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la que reforzó este mensaje.

"Si hay una prueba adicional que pueda dar luz al paradero del cuerpo, creo que es importante que la impulsemos. Bienvenida sea", dijo la representante del Gobierno central en Andalucía, que presidió ayer la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil de Sevilla, el coronel Fernando Mora. Al término del acto, Crespo expresó su deseo de que la investigación policial "siga adelante" y pueda llevarse a cabo el test neurológico.

Según explicaron fuentes judiciales consultadas por este periódico, si Carcaño se mostrara dispuesto a someterse a esta prueba, no sería necesario que la Policía pidiera un permiso específico al juez, ya que se consideraría como una diligencia policial más encaminada a encontrar el cuerpo de Marta. En este supuesto, la única autorización que la Policía debería solicitar al juez es un permiso para excarcelar al asesino, ya que la prueba no se realizaría en la cárcel de Morón de la Frontera sino en un hospital de Zaragoza. Se trataría, por tanto, de la misma forma de proceder que durante la búsqueda con el georradar en Majaloba, de la que la Policía no informó al juez hasta una vez finalizados los trabajos, y para la que el magistrado autorizó hasta cuatro salidas de prisión de Carcaño.

En el supuesto de que el asesino de Marta se negara a someterse a esta prueba, sí debería ser el juez quien diera su autorización para ello, como ocurrió con el caso de Zaragoza en el que se utilizó por primera vez este test de la verdad, el pasado mes de noviembre. En principio, según la delegada del Gobierno, la idea de la Policía es que Carcaño se preste voluntariamente a ello.

En cualquier caso, hasta ayer  el juez no había recibido ninguna petición formal de la Policía. Preguntada por ello, la delegada del Gobierno justificó esta ausencia de comunicación oficial asegurando que desconoce los trámites y los plazos legales. Crespo  sí quiso anunciar que han existido "contactos" entre los investigadores y el juez. "Hay diálogo entre ellos. Han hablado del tema y vamos a esperar qué deciden entre ellos, pues son los que tienen que ponerse de acuerdo en las formas y en cómo ha de llevarse a cabo la prueba", dijo la delegada.