La Junta se ofrece a integrar la tarifa del Cercanías con los demás transportes

El billete único que permite usar varios transportes (autobuses urbanos, interurbanos y metro) con descuentos en los transbordos en Sevilla y su área metropolitana sigue dejando fuera a los trenes de Cercanías. Sevilla sigue lejos de las ventajas que gozan los habitantes de Madrid y Barcelona, cuyos abonos permiten usar todos los transportes.

La tarjeta verde del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Sevilla con ventajas económicas para los autobuses, el metro y el préstamo de bicis sólo sirve, en el caso del tren, para comprar en ventanilla un billete al mismo precio que si se paga con dinero. Así pues el viejo proyecto de la integración tarifaria está incompleto por la incapacidad de las administraciones (autonómicas, locales y estatales) para acordar qué cantidad económica corresponde aportar a cada una. Se han iniciado negociaciones que no acaban de cerrarse nunca, y más con la situación de crisis actual.

A preguntas de este periódico, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, cuya titular a su vez preside el Consorcio de Transporte, declaró estar dispuesta "a cerrar un calendario de reuniones con el Ministerio de Fomento encaminadas a la integración de estos servicios ferroviarios en los consorcios andaluces, siempre desde la voluntad constructiva y con lealtad interadministrativa". El departamento de Elena Cortés (IU) muestra su disposición a "abrir un debate sobre las competencias en Cercanías y Media Distancia, pues entendemos lógico que estos servicios sean gestionados desde la Junta de Andalucía, siempre y cuando el traspaso de las competencias integre desde la plantilla hasta el material y con la correspondiente aportación económica del Ministerio".

De momento, ambas administraciones están negociando sobre la posibilidad de que la Junta asuma algunas líneas regionales que Fomento quiere eliminar, como la Sevilla-Llerena.

Cortés declara que, igual que en Barcelona y Madrid los servicios de Cercanías están integrados en los consorcios, "en Andalucía también perseguimos dicha integración, pero con un acuerdo sobre las responsabilidades económicas que ello supondría".

Y añade que entre sus objetivos para mejorar el servicio que prestan los consorcios andaluces "está la integración tarifaria de los trenes de Cercanías, pues es natural que un transporte público colectivo como el ferroviario se incluya en una red que facilita la movilidad de los habitantes en las áreas metropolitanas de Andalucía, tanto por los servicios que ofrece como por los beneficios económicos".

En Madrid, la aportación del Estado a la integración de Renfe en el resto de transportes que gestiona el consorcio asciende a 158 millones de euros, según datos aportados a este periódico por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. A ese consorcio regional ceden sus competencias las administraciones colegiadas. Un portavoz de este organismo explicó que en el consejo de administración del consorcio está representada la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el resto de ayuntamientos, los sindicatos, operadores privados y el Ministerio de Fomento, que contribuye a la financiación del sistema. No hay datos sobre el dinero que dan el resto de administraciones.

En Madrid, "cada operador de transporte (Renfe, Metro, Empresa Municipal de Transportes, operadores de interurbanos, metro ligero...) realiza sus propias inversiones y mantenimiento, pero todos colaboran en la subvención que se hace al billete" y eso permite crear los abonos de transporte que permiten usarse en cualquier medio de transportes.

En Barcelona, el contrato programa entre la Administración Estatal y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) supuso entre 2011 y 2012 una subvención total a ese transporte de 1.378 millones de euros, es decir, 689 millones anuales. Según datos aportados por la Autoridad, al Gobierno de la Generalitat le correspondió la mayor parte de la aportación (625 millones de euros), seguido por las administraciones locales (348 millones) y, por último, el Estado, que da 238 millones. Con este dinero se paga el mantenimiento y la continuidad del transporte del área metropolitana.

El consejo de administración de la ATM lo integran como miembros pleno derecho la Generalitat de Cataluña (nueve miembros), los ayuntamientos de Barcelona y área metropolitana (siete), la agrupación de municipios con transporte urbano (dos); y dos de la Administración del Estado con carácter de observadores.

En Sevilla, por contra, el Ministerio de Fomento no está presente en el consorcio metropolitano. La estructura la integran la Junta de Andalucía (con un 45% de representación), la Diputación de Sevilla (5%) y el 50% de representación es de los ayuntamientos de Sevilla (ocupa la vicepresidencia) y otros 44 de su área metropolitana.

La cuestión económica pesa demasiado. El responsable de Renfe de Cercanías, Julián Fernández, comentó el pasado febrero a la prensa, tras unas jornadas sobre este servicio organizada por el PP andaluz, que no veía fácil la integración del Cercanías con el resto de transportes por la reticencia de los ayuntamientos a abonar la parte que les corresponde. Desde el PP sevillano, destacados alcaldes de este partido critican abiertamente que los ayuntamientos tengan que dar dinero para esa integración tarifaria y consideran que la Junta de Andalucía (que preside el Consorcio) debería llevar el peso de este pago anual para lograr el sueño histórico del billete único.