Sevilla

La Junta retoma la Ciudad de la Justicia a menos de tres meses de las elecciones

  • El consejero de Justicia, Luis Pizarro, se reúne hoy con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, casi tres años después de que lo hiciera Evangelina Naranjo para concretar el mismo proyecto de Los Gordales

A menos de tres meses de las elecciones municipales, el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Luis Pizarro, se reúne hoy con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para retomar el proyecto de Ciudad de la Justicia y anunciar el inicio de las obras en una parcela de titularidad municipal en Los Gordales.

La reunión de hoy recuerda inexorablemente a la que mantuvieron hace casi tres años, en concreto, el 27 de junio de 2008, la entonces consejera de Justicia Evangelina Naranjo y el regidor hispalense. En ese encuentro, la consejera y el alcalde presentaron un aparente desbloqueo del proyecto, una vez descartada la construcción en los suelos del Puerto y el retorno a la idea de Los Gordales. La propuesta presentada por ambas administraciones consistía en comenzar la construcción de la Ciudad de la Justicia en una parcela de unos 7.000 metros cuadrados y con una edificabilidad máxima que ronda los 16.500-17.000 metros cuadrados.

Esta parcela está destinada a equipamientos públicos y, según entendían los responsables autonómico y municipal, no se veía afectada por el litigio que el Estado mantiene en los tribunales por el recorte de las plusvalías urbanísticas que le impuso la Junta de Andalucía durante la última fase de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En enero de 2009, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó el plan parcial de Los Gordales, en el que se reservaba una parcela de 39.900 metros cuadrados de superficie para la Ciudad de la Justicia. El plan establecía que el complejo ocuparía dos edificios con una edificabilidad global de 137.850 metros cuadrados sobre rasante y 83.060 bajo rasante, con lo que la edificabilidad total es de 220.910 metros cuadrados.

Evangelina Naranjo anunció en febrero de 2009 que el concurso para la redacción del proyecto de ordenación y del proyecto ejecutivo básico se convocaría en abril de 2009 y la adjudicación del mismo sería en septiembre. A partir de esa fecha, el arquitecto o grupo de arquitectos a los que se encargaría la redacción dispondrían de 22 meses para la elaboración del mismo, con lo que para este mismo verano ya estaría redactado y que a principios de este año podrían comenzar los trabajos topográficos y de movimiento de tierras. Naranjo prometió que la Ciudad de la Justicia estaría en obras en 2012.

El cronograma diseñado hace dos años por la Consejería de Justicia se fue al traste una vez que la Dirección General de Patrimonio del Estado recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló el recorte de las plusvalías urbanísticas en la cesión de los terrenos de Los Gordales.

El nuevo consejero de Justicia, Luis Pizarro, reconoció en abril de 2010, durante su primera visita institucional a la Audiencia de Sevilla, que el recurso del Estado había "paralizado" la construcción del futuro complejo judicial. Desde que asumió las competencias de Justicia, Pizarro anunció que comenzó una serie de contactos con el Ministerio de Economía y con el Ayuntamiento para intentar dejar fuera del litigio judicial -que actualmente sigue a la espera de resolución en el Tribunal Supremo- la parcela destinada a la Ciudad de la Justicia.

La Ciudad de la Justicia diseñada por la Junta pretende asumir la creación de órganos judiciales en Sevilla durante los próximos 50 años, ya que tendrá una capacidad para albergar 423 órganos judiciales, lo que supone triplicar los que hay en la actualidad. La Junta apuesta por un diseño modular del campus judicial, lo que permitirá que se vaya ejecutando sobre la marcha. El complejo tendrá dos edificios para acoger de forma diferenciada las distintas jurisdicciones y su respectivos órganos judiciales, además de las salas de vista, el registro civil y las salas de bodas, o los servicios comunes de los juzgados.

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