La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) podría resolver a lo largo del próximo otoño el recurso presentado por Patrimonio del Estado contra las determinaciones urbanísticas que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) otorga al Estado en la zona de Los Gordales, terrenos donde está proyectada la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, según han informado a los periodistas fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que el Supremo, que en principio iba a dictar sentencia sobre el particular a lo largo del primer trimestre de 2012, podría dictar sentencia a lo largo del próximo otoño gracias a un plan de choque -denominado plan de actualización- consistente en el refuerzo de la Sala Tercera con 19 magistrado y diez letrados que "colaborarán" con los magistrados titulares y que permitirán agilizar la tramitación de los asuntos pendientes.

Precisamente, sobre el estado de las infraestructuras judiciales en Sevilla se ha pronunciado este miércoles el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, quien en rueda de prensa tras reunirse con los operadores judiciales de la ciudad ha dicho que él, personalmente, conoce "muchos" de los problemas que afectan a las sedes judiciales hispalenses, como son "sus problemas de medios, de edificios, de planta y de necesidades de los jueces".

"Graves" problemas de medios

De este modo Dívar se ha referido a problemas "tan graves" como son el "cúmulo" de asuntos y la "escasa" planta judicial existentes "para poder resolver adecuadamente esos asuntos", aunque ha querido dejar claro que, en general y no sólo en Sevilla, sino en Andalucía y a nivel nacional, la Justicia "lleva décadas de retraso, con una situación en la que se producen déficit en todos los aspectos". "Al final, todo repercute en el juez, pero este no puede hacer más que el trabajo que humanamente le es posible", ha afirmado.

Al hilo de ello, ha hecho referencia a la existencia en Sevilla de jueces que ponen 2.000 sentencias y de juzgados con 7.000 asuntos, por lo que ha considerado que "es imposible poder hacer frente a una situación con corrección total jurídica en esa situación", a lo que se añaden además "las deficiencias" de infraestructuras y en medios tecnológicos, algo que "no sólo depende" del CGPJ, sino que "tenemos que asumir nuestras responsabilidades todos", desde el Gobierno o el propio CGPJ hasta las comunidades autónomas con las transferencias establecidas. "Todos debemos encontrarnos en una armonía y punto en común", ha agregado.