Justicia rechaza la eliminación de todos los partidos judiciales

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, mostró este lunes su absoluto rechazo a la propuesta del Ministerio de Justicia de implantar los tribunales de instancia en el ámbito provincial, lo que supondría la eliminación de los 15 partidos judiciales que hay actualmente en Sevilla. Esa propuesta fue avanzada en la última Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en diciembre pasado en Madrid y de salir adelante supone ir más allá de la propuesta que en su día avalaron el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habían apostado por reducir de 15 a cuatro los partidos judiciales que hay en la provincia de Sevilla y que a nivel nacional representaba pasar de 431 a 190 partidos judiciales.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, exigió este lunes al Ministerio más diálogo para las reformas y proyectos que está impulsando y en cuya colaboración, advirtió, "deben ser escuchadas todas las comunidades autonómicas y deben ser igualmente tenidas en cuenta todas sus propuestas". El consejero rechazó los proyectos que el Ministerio viene implantando ahora, como ha ocurrido con las tasas judiciales, la reforma del Código Penal o la más reciente ley del aborto.

De Llera destacó a este periódico su oposición a la nueva ley de Demarcación y Planta Judicial que promueve el Gobierno "al imponer nuevos tribunales de instancia provinciales que suponen centralizar en las capitales todas las sedes y servicios judiciales". A su juicio, esta pretensión sería "un desastre porque supone una recentralización de las sedes judiciales y un alejamiento de los ciudadanos de un servicio público esencial como es la Justicia. La educación, la sanidad y la justicia, como servicios públicos esenciales que son, deben mantenerse próximos a la ciudadanía", aseveró el titular andaluz de Justicia.

Según De Llera, no se puede romper la necesaria proximidad de este servicio público y condenar a sus usuarios a tener que realizar "desplazamientos largos y costosos que vulnerarían el principio de igualdad en el acceso a la Justicia y la cohesión social y territorial. "Los ciudadanos no acuden a gusto a este servicio, sino que recurren a él por la necesidad de defender sus derechos o la legalidad o bien les reclaman a la fuerza por haberlos vulnerados", explicó.

Desde la Consejería de Justicia rechazan el planteamiento por el impacto que tendría en las infraestructuras judiciales, una competencia que recuerda corresponde al Gobierno andaluz. "Esta propuesta tendría consecuencias sobre el actual mapa de sedes judiciales de la provincia y sobre las inversiones, proyectos y mejoras realizadas por la Junta en esas dependencias", argumentó el consejero de Justicia.

No obstante, el consejero se mostró partidario de adaptar el modelo de organización judicial a la vigente realidad social, económica y demográfica para lograr una mayor "eficiencia de la Administración de Justicia, pero todo ello sin menoscabo de la necesaria proximidad y cercanía a la ciudadanía que este servicio debe mantener". De Llera exigió al Gobierno estatal más interlocución para estas iniciativas legislativas que está planteando ya que afectan al funcionamiento y la gestión de la Justicia en territorios en los que los Gobiernos autonómicos tienen competencias y responsabilidades compartidas en esta materia.