Sevilla

Licencias de apertura en 15 días

  • Urbanismo llevará al Pleno de noviembre la normativa que pretende acabar con el colapso de las solicitudes de permisos de nueva actividad · Hay 3.214 expedientes pendientes aún de resolución.

Zoido sigue mirando a Gallardón. Madrid como modelo de gestión política para Sevilla. La capital de España como ejemplo para todo. O para casi todo. Urbanismo se ha dado prisa en elaborar una ordenanza que acelere los trámites de concesión de una licencia de actividades. Será presentada para su aprobación en el Pleno de noviembre. El objetivo es que los empresarios obtengan el visto bueno administrativo en 15 días. Como ocurre en Madrid con el Ayuntamiento que preside Alberto Ruiz Gallardón. Y la clave consistirá en sustituir los máximos trámites posibles por una declaración de responsabilidad del empresario. El Colegio de Arquitectos, uno de los que tendrá que visar los proyectos, ya ha aplaudido la nueva normativa.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, precisó ayer que a principios de 2012 entrará en vigor la ordenanza que permitirá agilizar las licencias de actividades económicas, empresariales, industriales y mercantiles en Sevilla. Hasta ahora, obtener uno de estos permisos suponía una media de ocho meses de demora. El gobierno de Zoido amplía la figura de la declaración responsable por parte de los colegios profesionales, que serán los encargados de visar las iniciativas para que el empresario o emprendedor pueda recibir una licencia provisional de apertura de manera inmediata al entregar la documentación en el Ayuntamiento.

Vílchez indicó que la prioridad del Consistorio es aligerar las licencias para poner en marcha nuevas empresas que creen puestos de trabajo. A este respecto, recordó que aún existen un total de 3.214 expedientes pendientes de licencia por la falta de actualización de la normativa y por la "desorganización del servicio". "Es inadmisible que en 2011 se estén resolviendo expedientes de 2004, tardando siete años en resolver licencias, a pesar de que la normativa admite tres meses", indicó el concejal, que señala que en los meses de verano se han resuelto 300 expedientes, de tal forma que la semana pasada se trabajó a una velocidad de resolución del doble de la habitual en los últimos años.

El Pleno de noviembre debatirá la aprobación inicial de la nueva ordenanza para que esté en vigor a principios de 2012. Esta nueva normativa aportará una "especial trascendencia" a las sanciones, ya que el colegio profesional "debe comprometerse a que lo que firma el arquitecto o el ingeniero es correcto".

El delegado de Urbanismo criticó que el procedimiento anterior "no se adaptaba a la normativa europea ni estatal", pues se centraba en la figura del funcionario, que era quien revisaba los expedientes, mientras que ahora se solicita al empresario una serie de documentación con una declaración profesional de responsabilidad de quien lo visa y se otorga una licencia provisional en el acto, siguiéndose a continuación un proceso de control.

Como "contrapartida" a esta inmediatez, Vílchez apuntó a la necesaria potenciación del control de las actividades con un régimen sancionador más "exigente" sobre los profesionales, arquitectos o ingenieros que visan la documentación. Apostó por que en el futuro se unifique la concesión de las licencias de obras y de las actividades y explicó que la declaración responsable dejará constancia de que el proyecto se adecua a la normativa y que el 90 % de los expedientes entrarán por este formato. Recordó que la normativa sevillana no estaba actualizada, siendo la vigente de 1996, cuando la Junta cuenta con otra norma de 2009 que recoge la obligatoriedad de esta figura.

El decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, avaló ayer mismo la puesta en marcha de una ordenanza "más acorde con la realidad" que la que actualmente está en vigor y que protege "en mayor medida los intereses de los solicitantes y promotores". Díaz del Río calificó la última modificación de la ordenanza de 2010 como "malintencionada" por no cubrir los tramites administrativos establecidos. Criticó que se llevó a cabo "sin consultar a las corporaciones y a las instituciones afectadas" y que se presentaron "más de un centenar de alegaciones y ninguna fue admitida". Díaz del Río celebró que "esa mala ordenanza, que se vendió con unas prebendas que jamás existieron, haya sido cambiada". "Esa ordenanza consiguió unir a todos los colegios y empresarios, comerciantes y emprendedores debido a su pésima gestión y su mensaje malintencionado".

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