El PSOE ha pedido finalmente una condena de dos años de prisión y una multa de 18.000 euros para los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los que culpa exclusivamente del intento de cobro de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a los que se había concedido la gestión de un proyecto de escuela de Hostelería.

El abogado Ángel Prados ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que, como adelantó este periódico, ha exculpado al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y a la directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira. El letrado recuerda que la propia titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reconoció en un auto dictado durante la fase de instrucción que las pruebas contra estos dos últimos imputados eran "más débiles", lo que lleva a la acusación del PSOE a entender que es "más procedente no sostener la imputación" por las "nefastas consecuencias que tiene para ambos someterlos a la pena de banquillo".

El letrado hace hincapié en las "gravísimas consecuencias que el mero hecho de acudir como imputados al procedimiento provoca en la fama y honor de ambos" y eso es lo que le ha llevado a no presentar cargos. Ángel Prados precisó que la imputación de Antonio Rivas y Regla Pereira "moralmente" es inviable "por pura congruencia personal con la forma de entender el principio acusatorio y los efectos perniciosos de sostenerlo con un débil material probatorio".

El PSOE recuerda que, en el caso de Regla Pereira, el Partido Popular no dirigió ninguna imputación contra la misma inicialmente, por lo que su conducta "debió pasarle absolutamente desapercibida y posteriormente, sin ninguna actuación que la inculpe, cambia de actitud, lo que constituye una evidente incongruencia, quizás propiciada por la imputación que de ella efectúa la instructora en el auto de fecha 9 de junio de 2009".

El hecho de intentar dejar fuera a Antonio Rivas y Regla Pereira no ha impedido a la acusación particular del PSOE solicitar para los otros dos imputados -los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce- una pena incluso más dura que la que ha solicitado la propia Fiscalía, que ha pedido una condena de 900.000 euros de multa -con un año de cárcel sustitutorio en caso de impago- y 21 meses de inhabilitación por un delito de cohecho.

Frente al planteamiento del Ministerio Público, la acusación de los socialistas atribuye a Mellet y Ponce un delito estafa cualificada del artículo 248.1 del Código Penal, pero en grado de tentativa, ya que los empresarios no entregaron nunca el dinero de la comisión ilegal que les habían exigido. De ahí que solicite una condena de dos años de prisión, que podría incluso quedar en suspenso, y una multa de 18.000 euros.

El PSOE no acusa a los ex directivos del Mercado Central de Abastos de cohecho, como hace la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que la concesión de la subvención de 900.000 euros que otorgó la Junta para crear la escuela de hostelería "no constituye un acto propio de su cargo, ni de Mellet, ni de Ponce" y por lo que se solicitó la comisión no fue por tramitar ni gestionar la misma, "sino por entregar parte del dinero ya concedido con carácter de subvención". El letrado cree que cuando un hecho admite una doble tipificación hay que aceptar la "más favorable para el reo, no la más perjudicial".

El relato de hechos que realiza la acusación de los socialistas parte precisamente de que la exigencia de la cantidad de 450.000 euros fue solicitada exclusivamente por Fernando Mellet y Daniel Ponce a los empresarios del grupo hostelero de La Raza, en concepto de comisiones para "obras sociales" de la Junta, según recoge la grabación de la conversación que realizaron los dos hosteleros. Dice el abogado Ángel Prados que los autores del delito de estafa cualificada son únicamente Fernando Mellet y Daniel Ponce porque fueron éstos quienes solicitaron la comisión "con la intención de lucrarse de la misma y con el engaño de hacerle llegar su importe a la Junta de Andalucía para obras sociales, abusando de la confianza y credibilidad que tenían en ellos".

El relato de hechos que realiza el PSOE señala que, en los primeros días de febrero de 2009, Fernando Mellet desistió del cobro de la comisión solicitada e indicó a los hosteleros que la escuela se pondría en marcha de todas formas y sin que tuvieran que pagar las obras de acometida eléctrica, pero este desistimiento lo achacan las otras acusaciones al conocimiento que Mellet tenía en ese momento respecto a la grabación que le incriminaba.