Sevilla

Policías locales de Sevilla piden pantallas y EPI para hacer controles de alcoholemia y drogas

  • El sindicato Sppme lamenta que los agentes de distritos hagan pruebas aleatorias sin medidas de protección

Control de alcoholemia en Sevilla, en una imagen de archivo.

Control de alcoholemia en Sevilla, en una imagen de archivo. / Antonio Pizarro

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla pidió este martes que se dote de pantallas faciales, equipos EPI y mascarillas FFP2 a los agentes de distrito a los que la Jefatura ha encargado que hagan controles aleatorios de alcohol y drogas. Para el sindicato mayoritario, los responsables de la Policía Local "se olvidan de que estamos en una situación de pandemia y que las pruebas de aire espirado (alcoholemia) y de detección de drogas mediante frotis requieren acercarse al posible infractor y retirarle los medios de protección (mascarilla)".

"De todos es sabido que el SARS-CoV-2 se trasmite por vía aérea, en las partículas de saliva y que su forma habitual de contagio es por vía respiratoria, mucosas oculares o contacto con superficies infectadas", recuerda el Sppme, que alerta del riesgo de contagia suponen estas pruebas para unos policías que no cuentan con equipos de protección individual como sí llevan los sanitarios y sólo llevan las correspondientes mascarillas. El sindicato denuncia que sólo hay una pantalla facial reutilizable para todos los componentes del control. 

También solicita que los encargados de hacer las pruebas cuenten con la formación necesaria. "El último curso que se dio de este tipo de elementos probatorios es de hace seis años. Los compañeros en la actualidad desconocen el funcionamiento del etilómetro Zaphir y del detector de drogas", apunta el sindicato. 

Para el Sppme, "hasta tal punto llega la dejadez de la Jefatura que no tiene ni actualizada el acta que se debe rellenar cuando se somete a dichas pruebas". Tampoco suministran los codificados actualizados de sanciones, con lo cual cada policía adjudica a cada infractor un texto libre, lo que complica la labor de tramitación. 

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