Primeras penas de cárcel por corrupción en Sevilla

Cuando los andalucistas se fueron a los tribunales allá por 2005 para denunciar el pago de obras no realizadas en la Macarena, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), se vio contra las cuerdas. Con el desalojo de Los Bermejales en los talones previo pago de 42.000 euros a cada familia (que también indujo en condena administrativa al Consistorio, obligado a pagar tres millones de euros a la empresa que limpió el solar de chabolistas), las primeras reacciones del gobierno local se antojaron torpes y precipitadas. José Antonio García, el concejal del distrito Macarena, fue forzado a dimitir con la única prueba de una carpeta con 28 facturas supuestamente no realizadas remitida por un empresario anónimo a la entonces delegada de Participación Ciudadana, Paula Garvín (IU). Sucedió en un Pleno, del que García salió llorando, y tres días después explicó como pudo el porqué de su dimisión. Con él también lo hizo Pepe Marín, secretario del distrito, el único cargo político que junto con el contratista José Pardo han sido condenados a penas de cárcel.

La comisión de investigación del caso Macarena puso el freno de mano a tiempo. Los socialistas aniquilaron al segundo grupo de la oposición, el PA, y pusieron en práctica una certera estrategia de división interna que les dio los resultados previstos: los andalucistas Paola Vivancos y Rafael Carmona colgaron sus cargos y el PA perdió representatividad municipal. Moraleja: la única bisagra para los pactos de gobiernos recaía en IU.

Ahí, en ese preciso instante, fue cuando Monteseirín y su equipo vislumbraron un horizonte más que despejado. Continuó la causa judicial, pero la batalla política ya estaba amortizada y, lo más importante, ganada.

Hasta ahora. Figurar en los anales como el gobierno local de Sevilla con los dos primeros condenados a pena de cárcel por corrupción no es de fácil digestión. Y Alfredo Sánchez Monteseirín tiene el dudoso honor de encabezar un apunte que, en Sevilla, estaba en blanco. Ya se encargaron de recordarlo sus homólogos predecesores, los ex alcaldes Soledad Becerril (PP) -"Yo nada más que veo entradas y salidas de los juzgados"- y Alejandro Rojas-Marcos (PA) -"Éste es un gobierno que ya no está bajo sospecha, sino bajo condena"-. Y eso es algo que, pese a los comunicados, lo saben en Luis Montoto y San Vicente, sedes de un partido, el PSOE, que no se enfrentaba a tal escarnio por estos lares desde la época de Juan Guerra.

Monteseirín evitó ayer los micrófonos, posición que cedió al portavoz del grupo municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Su comunicado y el del PSOE de Sevilla reproducen idénticos los pasajes transcritos en marzo de 2009, cuando la Audiencia consideró culpables de falsedad y malversación en seis obras no realizadas o incompletas a los militantes socialistas José Marín y José Pardo (que realizó tareas de personal de seguridad del alcalde en actos electorales). "Las responsabilidades políticas se asumieron en su momento", "sólo hubo una irregularidad administrativa" y "queda desacreditada la existencia de trama alguna", fueron y son extractos de comunicados con los que el partido intenta blindar una gestión puesta en entredicho.

Ahora, la sentencia del Supremo pone el punto y final al caso Macarena y empareja a populares y andalucistas en la reclamación conjunta de la dimisión de Monteseirín por estar "manchado por la corrupción". Todo ello, si Marín no fuerza un epílogo diferente. Su actitud en la Feria de Sevilla de 2005, año en el que el escándalo de las facturas falsas saltaron a los medios, no daba lugar a equívocos: Marín se apostó desafiante en la primera mesa de la Caseta Municipal y allí se mantuvo impertérrito durante toda la Feria. Ningún edil del gobierno se atrevió a acercarse, pero tampoco a toserle; ya se había encargado de deslizar el típico latiguillo del ojo, que tiro de la manta. Hasta ahora, nunca lo hizo, pero el cierre de las rejas de Sevilla II suena seco y duro. Como para cantar, si quedasen ganas. "Si ya he pagado el pato yo, para qué voy a hacer que lo pague otra persona", dijo Marín en marzo del pasado año...