Rivas defiende que fue condenado por una "escalada de especulaciones"

El ex delegado de Empleo Antonio Rivas considera que fue condenado por la mordida de Mercasevilla por una "escalada de especulaciones y conjeturas", ya que a su juicio no hay pruebas de cargo que acrediten la participación del acusado en la exigencia de una comisión ilícita de 450.000 euros a los empresarios de La Raza a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería.

La Audiencia de Sevilla condenó en noviembre pasado a Antonio Rivas a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por un delito de cohecho, tras el veredicto de culpabilidad al que llegó el jurado popular, que también condenó a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y absolvió a la ex directora de Proyectos de la Fundación Regla Pereira.

El abogado Jon Ander Sánchez, que se ha hecho con la defensa del ex delegado de Empleo, denuncia ahora en el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los indicios en los que se ha fundamentado la condena son "en realidad una auténtica escalada de especulaciones y conjeturas, expresadas una a partir de otra, absolutamente contrarias a derecho y a la jurisprudencia sobre la prueba indiciaria".

El recurso se fundamenta en cinco motivos y parte de la consideración efectuada en su día por la juez instructora, Mercedes Alaya, quien ya en la fase de instrucción reconoció que los indicios contra Rivas eran "más débiles" que contra Mellet y Ponce, dado que tan sólo se basaban en la declaración prestada por el ex director general del Mercado Central ante la Policía Judicial antes de que comenzara la investigación judicial.

El abogado concluye que ni durante la fase de instrucción ni en el acto de la vista oral Fernando Mellet ha corroborado ni ratificado su acusación contra Antonio Rivas, en el sentido de que fuera el ex delegado quien ordenó solicitar la comisión a los empresarios, por lo que "no hay testimonio incriminatorio" contra Rivas ni existe "prueba directa de su participación" en los hechos.

La defensa recuerda que este testimonio, que es el "único que resulta de verdad incriminatorio", no puede ser considerado como prueba de cargo porque no ha sido ratificado en sede judicial, por lo que ha impedido la oportuna contradicción y ha sometido a Rivas a una "auténtica prueba diabólica, al tener que acreditar la existencia de un hecho negativo, cual es la no participación de Rivas en los hechos enjuiciados".

El letrado denuncia que la redacción del objeto del veredicto es "claramente defectuosa e insuficiente" y que el veredicto en sí mismo no está suficientemente motivado. La defensa sostiene que el jurado no valoró correctamente la declaración del jefe de la Policía Judicial, por cuanto ha obviado que este funcionario declaró en el juicio que "no tenía ningún dato objetivo que avalara la imputación que hacía Mellet".

Sobre la ausencia de elementos de cargo contra el ex delegado de Empleo, el recurso argumenta que la mejor prueba de ello viene de la declaración de los empresarios de La Raza, las víctimas de la exigencia de la comisión ilícita, quienes rindieron testimonio ante el jurado y sostuvieron que Rivas "no les ha dicho que en el asunto de Mercasevilla hay que pasar por taquilla, ni que había que pagar nada" y concluyeron que después del tiempo transcurrido no tenían ningún dato objetivo de que tuviera algo que ver con la petición de la comisión.

El abogado Jon Ander Sánchez analiza en su recurso, que tiene una extensión de 40 folios, la labor del jurado y del magistrado que dictó la sentencia, llegando a la conclusión de que "no hay pruebas que permitan condenar a Antonio Rivas por estos hechos" y también de que existen "graves irregularidades en el procedimiento", que se han vulnerado los derechos fundamentales del ex delegado.

Para el letrado, la denominada "prueba indiciaria" en la que se basa la sentencia de la Audiencia, es en este caso contraria a Derecho y contraviene los criterios que la jurisprudencia ha establecido para estos casos, lo que afecta a la presunción de inocencia de Antonio Rivas.

El hecho de que el jurado destacara el "interés desmedido" de Rivas por la concesión de la subvención sigue "explorando el terreno de la más burda e injustificada especulación", por cuanto los testimonios de los altos cargos que declararon en el juicio, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, no dicen lo que el jurado ha interpretado y su visión es un evidente ejercicio de "in dubio contra reo", que está "proscrito por las más elementales normas del procedimiento penal en un estado social y democrático de derecho".