Dicen los juristas que los tiempos de la Justicia rara vez coinciden con los que marca la agenda política o social de una ciudad, que el primero no tiene en cuenta a los otros. Eso explicaría, a priori, por qué la juez Mercedes Alaya ha decidido precisamente ahora, a tan sólo un mes y medio de la celebración de las elecciones municipales, comunicar su imputación en la causa por las presuntas irregularidades en Mercasevilla al primer teniente de alcalde y candidato de IU a la Alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos.

Lo cierto es que la posibilidad de que Torrijos fuese imputado en la causa viene apuntándose desde los primeros compases de la investigación judicial relacionada con el Mercado Central de Abastos, que se inició en febrero de 2009 cuando los dos empresarios de La Raza denunciaron que les habían exigido el pago de una comisión de 450.000 euros para que pudieran hacerse con la gestión del proyecto de una escuela de hostelería que se iba a crear en Mercasevilla. Las primeras declaraciones de imputados tuvieron lugar en julio de 2009 y tan sólo unos meses después, en octubre de ese mismo año, la Fiscalía Anticorrupción -que ejerce la acusación pública en el proceso- ya reveló anticipadamente que estaba estudiando la posibilidad de que se tomara declaración como imputados a todos los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, entre los que se encontraban precisamente el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex concejal del PSOE y ex presidente del mercado, Gonzalo Crespo.

Con la imputación de Torrijos, que la juez argumenta en su "responsabilidad y activa participación" en la venta de la totalidad de los terrenos del Mercado, pues considera que la adjudicación a una filial de Sando fue "fraudulenta e ilegal", ya han declarado los siete miembros de la comisión ejecutiva, aunque sólo tres de ellos han sido imputados. Junto a Torrijos y Crespo, también está imputado el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, a quien el Partido Popular considera el verdadero cerebro de la venta de los suelos y que acabó trabajando para una filial de Sando, el grupo que se adjudicó el concurso público.

Durante casi dos años, Torrijos ha estado en el ojo del huracán de las diligencias judiciales que ha ido practicando la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En algunos interrogatorios de la juez Alaya se vislumbraba con una claridad meridiana que Torrijos podría ser el nuevo objetivo, sobre todo, tras la imputación del ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, en octubre pasado aunque a fecha de hoy este último aún no ha sido citado a declarar.

Las preguntas de la instructora sobre Torrijos se sucedieron durante la declaración como testigo del interventor municipal, José Miguel Braojos. La instructora interpeló al funcionario municipal sobre si Torrijos marcaba sus directrices en la empresa "incluso por encima" de las que daba el entonces presidente, Gonzalo Crespo. La juez le preguntó directamente al testigo sobre si a Torrijos "le gustaba enterarse de todo lo que ocurría" dentro del ámbito de Mercasevilla y de su consejo de administración. La instructora fue más allá al plantear al funcionario si es cierto que el alcalde designó miembro de la comisión ejecutiva a Domingo Enrique Castaño, una persona de su confianza, para "contrarrestar el control" de Torrijos dentro del Mercado.

La juez preguntó a otro imputado, el ex edil Gonzalo Crespo si su cargo era más bien de tipo institucional y era el primer teniente de alcalde quien asumía, en realidad, la dirección del mercado central.

Las sospechas de la magistrada pronto calaron en las defensas de los principales imputados, los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, quienes llegaron a pedir formalmente a la juez Alaya que citara a declarar a todos los miembros del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, incluido el propio Torrijos. 

Esta petición de las defensas motivó que la juez invitara a Fernando Mellet a que aportara alguna prueba que pudiera conducir a tomar declaración al primer teniente de alcalde de Sevilla y ex vicepresidente del mercado. Previamente, Mellet se había presentado como un "mero actor secundario" en la venta de los terrenos y había asegurado en un escrito remitido al juzgado que el "verdadero patrocinador" de la fórmula del concurso público era Antonio Rodrigo Torrijos, ya que el entonces director general apostaba por una subasta pública.

Tras la imputación de Marchena, la instructora reveló, precisamente al contestar a la defensa de Mellet, que Torrijos tendría que acudir a declarar al juzgado para explicar su "marcado interés" en que la venta de los suelos se hiciera mediante un concurso público, aunque la juez no había decidido si sería citado como testigo o imputado. El Partido Andalucista pidió recientemente a la juez que le citara como testigo, pero la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas dio un paso más y solicitó que se le imputara. La juez ha zanjado los dos años de incertidumbre con su auto del pasado 4 de abril, aunque lo más probable es que Torrijos no declare hasta después de las municipales.