No sólo de incertidumbre sobre segundas dosis vive el rompecabezas de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid. El cambio de criterio en la estrategia de vacunación y la decisión de dedicar este fármaco exclusivamente al colectivo de entre 60 y 67 años fueron tan repentinas que han dejado a varios colectivos profesionales considerados dentro del grupo de esenciales sin vacunar y "en tierra de nadie".

Así es donde consideran que se encuentran los trabajadores sociales de la delegación territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía que trabajan para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia como valoradores de la Ley de Dependencia y que, a día de hoy, siguen reclamando ser vacunados contra el coronavirus en los mismos términos que otros colectivos profesionales también declarados esenciales.

Según las quejas llegadas a este periódico, se trata de personal cuyo trabajo consiste en visitar a diario distintas viviendas donde residen personas dependientes para valorar su candidatura o no al acogimiento a la Ley de Dependencia. Una situación por la que consideran están "en un riesgo constante". "Nuestro trabajo es muy particular porque visitamos las casas de los posibles usuarios y sus familias. Los protocolos dicen que las viviendas tienen que estar ventiladas y que hay que usar las mascarillas, pero si el virus está en el ambiente estamos totalmente expuestas", argumenta una de las profesionales de este servicio, que señala que tienen indicaciones para que las visitas "no duren más de 10 minutos". "Eso es muy complicado de conseguir porque hay casos y casos", reivindica.

No se trata de un colectivo que no estuviera incluido en la estrategia de inmunización del Ministerio de Sanidad, de hecho se encuentra dentro del grupo 3B Y 3C (ahora sólo para mayores de 60), así como en el Programa de Vacunación Covid-19 de la Junta de Andalucía, sino que ha sido la propia evolución del proceso la que ha dejado fuera a una parte importante los profesionales mientras que algunos sí habrían recibido una dosis. "Tenemos constancia de que los listados han sido facilitados al SAS porque algunos compañeros, sobre 13 de un total de unos 55 empleados, sí recibieron una dosis de AstraZeneca antes de que la paralizaran para menores de 60 años, pero a nadie de la capital. Nuestra reclamación viene desde el principio por las circunstancias en las que trabajamos y, sin embargo, seguimos sin estar vacunados", insisten.

El problema no se queda en los trabajadores sociales valoradores de la Ley de Dependencia, también llega a aquellos que desarrollan los Programas Individuales de Atención (PIA) de Sevilla, que "están en la misma situación", añaden.

"Hemos trabajado como esenciales y no hemos dejado de trabajar bajo esa etiqueta, pero de repente cuando ha llegado la vacunación hemos dejado de serlo", protesta una de las trabajadoras sociales de este servicio en la capital, que recama que a las autoridades sanitarias que se reconsidere esta situación y que el colectivo al que pertenece se vacune con la misma lógica aplicada para el resto de colectivos esenciales inmunizados hasta ahora.

Por su parte, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) equiparan esta situación con la de "otros colectivos esenciales" para los que la estrategia de vacunación había previsto la administración de la vacuna de AstraZeneca y para los que la evolución del proceso ha dejado fuera de momento. "Se trata de un colectivo para el que el plan de vacunas establecía la inoculación del fármaco de AstraZeneca y, por las circunstancias y acontecimientos derivados de sus posibles efectos adversos, está parada hasta que se resuelva el tema", explican las fuentes de Salud consultadas.