El alcalde de Sevilla acusa al Gobierno de "castigar" a la ciudad con la obra del puente del Centenario

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acusado este martes al Gobierno central de "castigar" a la ciudad con la obra del puente del Centenario, que acumula un nuevo retraso que eterniza aún más su ejecución. Esta vez la ralentización se debe a un nuevo modificado de obra a la espera de autorización por parte del Ministerio de Transportes.

Sanz no espera que la situación mejore porque la interlocución con el ministerio de Óscar Puente es nula. "Instar ahora al ministro Puente, la verdad es que es una cosa un poco absurda. Saben ustedes que no tenemos interlocución con este Gobierno, que este Gobierno ningunea a la ciudad de Sevilla y castiga sistemáticamente a la ciudad de Sevilla. Desgraciadamente no tenemos un Gobierno en este momento preocupado por agilizar la obra del puente del Centenario", subrayó el alcalde.

A preguntas de la prensa tras las presentación del programa de la Bienal de Flamenco, el primer edil ha lamentado que el Partido Socialista haya usado esta obra para otros fines ajenos a los intereses de los sevillanos, en referencia al cobro de mordidas. "Desgraciadamente se pone de manifiesto que el Partido Socialista ha utilizado la obra del puente del Centenario para otro tipo de cosas, para otro tipo de fines y que no estaba pensando en los intereses de los sevillanos a la hora de ejecutarla. Estaba pensando más bien en los intereses del Partido Socialista o de algunos miembros del Partido Socialista. Desgraciadamente se consolida ese nombre de 'puente de las mordidas' para el puente del Centenario", ha declarado.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) identificó a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— como receptora de 1,8 millones de euros por su participación en la obra de restauración del puente del Centenario de Sevilla. Según el último informe elevado al Tribunal Supremo en relación con el conocido como caso Koldo, las pesquisas se centran en una posible estructura de amaño en licitaciones públicas, donde Servinabar habría suscrito memorandos y contratos con Acciona.