Un gasto anual de 1.500.000 euros, informe del secretario y nuevo estudio

Según datos facilitados a este periódico, la gestión indirecta de las juntas rectoras de estos centros deportivos ha supuesto a las arcas públicas cada año un gasto de 1,5 millones de euros, una situación que se ha mantenido en los últimos ocho años y a la que ahora el gobierno del PP quiere poner fin. Éste es uno de los argumentos esgrimidos por el IMD para apostar por el modelo de concesión administrativa, con un pliego de condiciones que permita a los gestores concurrir en igualdad.

El modelo de juntas rectoras, que afecta a 48 instalaciones, no se ajusta a ley desde 2005, según fuentes municipales, que insisten en que ya la Intervención y la Secretaría municipal alertaron hace más de diez años de los desequilibrios de estas gestoras, pero nunca se corrigieron. En 2007 sólo se formalizaron 11 juntas rectoras y el resto de centros no se constituyeron. Por ello se inició un expediente para la disolución de las creadas y 41 juntas rectoras provisionales tomaron el mando, en principio por dos años, a pesar de que algunas no cumplían con los requisitos de los estatutos: estar formadas por tres entidades o más.

La provisionalidad se ha mantenido hasta hoy, a pesar de que en 2009 el gobierno local, entonces PSOE-IU, pagó 11.400 euros por un informe a una empresa externa sobre las alternativas de gestión y explotación de las instalaciones deportivas municipales. Al parecer, ese estudio ya apuntaba la falta de transparencia en la contabilidad y funcionamiento de los centros.

En septiembre de 2011, tras llegar el PP a la Alcaldía, se impulsó el cambio de gestión, apostando por dar en concesión administrativa los centros.