La auditoría alerta de la disolución de la sociedad si la Junta no abona el ERE

La auditoría de Deloitte alerta de que Mercasevilla tendrá que ampliar su capital social o disolverse en el supuesto de que la Junta de Andalucía no abone más de nueve millones de euros correspondiente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se inició en 2007.

El documento elaborado por los autores recuerda que Mercasevilla ha realizado dos expedientes de regulación en los años 2003 y 2007, para lo cual suscribió sendas pólizas de seguro con una compañía. El acuerdo establecía que las primas serían "parcialmente asumidas" por la Junta de Andalucía, que debía abonar por cada expediente 5,6 y 9,04 millones de euros. La auditoría refleja que, como quiera que la última cantidad, según Mercasevilla, no ha sido satisfecha a la compañía aseguradora en los vencimientos previstos, el balance de situación de la empresa al 30 de abril de 2009 recoge -en el apartado "otros créditos con las administraciones públicas"- una cuenta a cobrar a la Junta por importe de esos nueve millones.

En este sentido, los auditores advierten que, "en caso de no ser asumida por la Junta", debería ser provisionada, lo que implica que podría llevar a Mercasevilla a una situación de quiebra técnica. "Este hecho [que la Junta no abonara el ERE] daría lugar a que la sociedad [Mercasevilla] incurriera en el supuesto de causa de disolución previsto en la ley de Sociedades Anónimas", sentencian los auditores.

De hecho, el consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir, declaró ayer que si la Consejería de Empleo de la Junta no aporta el dinero "la solución para no disolver la empresa será ampliar el capital social -Ayuntamiento y Mercasa- o pedir un préstamo", aunque no especificó qué tipo de préstamo podría solicitarse. Según Mir, ningún consejero de Mercasevilla fue consciente de los detalles del ERE y de la contabilidad de la sociedad.

El informe de Deloitte añade que el balance de situación a 30 de abril de 2009 presenta un patrimonio neto "con pérdidas significativas" y aunque la Junta general de accionistas ha anunciado la puesta en marcha de un plan de mejora de resultados, los auditores entienden que la "continuidad de las operaciones" de Mercasevilla dependerá de que la sociedad "obtenga los recursos que pudieran resultar necesarios para hacer frente a sus pasivos", restableciendo su patrimonio neto si la resolución del ERE afecta a su situación patrimonial -ante el impago-, y también de que se "defina e implante un plan de mejora de resultados que permita al autofinanciación de la sociedad y la obtención de beneficios".

La auditoría también señala los posibles efectos para las cuentas de la empresa de los procesos judiciales abiertos, en uno de los cuales se cuestiona la adjudicación a la empresa Sando de los actuales terrenos. Dicen los autores que la viabilidad de la empresa también dependerá de que se puedan "afrontar aquellos pasivos que pudieran surgir, si los hubiera, de la resolución final de los procesos judiciales", en el supuesto de que Mercasevilla tuviera que hacer frente al pago de posibles indemnizaciones.