El Ministerio del Interior mantiene activas 256 denuncias por desaparición en la provincia de Sevilla. De ellas, 189 son casos de menores. Es decir, casi tres de cada cuatro desapariciones que se ponen en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad son niños o adolescentes que no llegan a la edad de 18 años. Muchos de estos asuntos están relacionados con los secuestros parentales, es decir, aquellos supuestos en los que los progenitores están separados y uno de ellos decide llevárselos sin permiso del otro, pero sobre todo con las fugas voluntarias de los chicos extranjeros de los centros de protección. Así consta en el informe de personas desaparecidas del año 2020, que acaba de publicar el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El número general de desaparecidos en la provincia de Sevilla que constan en este documento es casi la mitad de los que había el año anterior, que fueron 455. Esta reducción drástica se explica porque, sobre todo en el año 2018, se presentaron muchas denuncias por fugas de menores extranjeros, lo que hizo que se dispararan los casos de desaparecidos no sólo en Sevilla, sino en toda España. Además, Interior ha realizado en el último balance una serie de modificaciones en el sistema de conteo para tratar de hacerlo más ajustado a la realidad.

Uno de esos cambios es la introducción de un nuevo estado denominado “cesado-latente”, en el que se incluyen todas las denuncias de menores extranjeros fugados voluntariamente de los centros de protección o asistencia y que, o bien han cumplido ya la mayoría de edad, o ha transcurrido el plazo establecido en el Código Civil para el cese de la tutela legal. Interior admite que en los anteriores informes se distorsionaba el número real de personas desaparecidas, al contabilizar como tales a todos los menores extranjetos escapados de centros y que habían continuado su viaje hacia terceros países.

En toda España existen actualmente 5.529 denuncias, de las que 2.451 fueron activadas en 2019. Desde 2010 hasta hoy quedaron cesadas 188.469 de ellas, 22.184 el año pasado. En el nuevo estado cesado-latente quedan 8.531 casos. En total, el número de denuncias desde que hay registros es de 202.529. Sólo el 2,73% de ellas permanecen activas y el 4,21% quedan como cesadas-latentes.

En cuanto al número total de denuncias recogidas, en 2019 se produjo un descenso de alrededor del 11% con respecto a las del año anterior. Quedan en todo el país 827 casos de larga duración que se denunciaron antes del año 2010, y todavía se siguen incorporando estos asuntos antiguos a las bases de datos. El mayor porcentaje de resolución, sin embargo, está en las denuncias nuevas. El 92% de las desapariciones que se producen en España son voluntarias, mientras que el 7% son involuntarias (generalmente personas que han sufrido un accidente y no han vuelto a casa y se desconoce su paradero) y sólo el 1% restante son forzosas (en las que se produce un acto criminal, secuestro o detención ilegal).

El informe hace una distribución territorial de las denuncias activas en proporción con la población. Las provincias más afectadas son Cádiz, Granada y Almería, que tienen un índice superior a los 30 casos por cada 100.000 habitantes. Son tres provincias costeras muy castigadas por el fenómeno de las pateras que vienen del Norte de África, por lo que la gran mayoría de estas denuncias se refieren a menores extranjeros que deciden marcharse voluntariamente de los centros de acogida. Sevilla está ligeramente por encima de la media nacional, con entre 11 y 15 casos por 100.000 habitantes.

El 59% de las denuncias corresponden a hombres y el 41% restante a mujeres. Sin embargo, en los expedientes que siguen activos esa proporción es de tres veces más hombres que mujeres. En cuanto a la nacionalidad de los desaparecidos, la mayoría son españoles, que constituyen el 64,73% de los casos. Los extranjeros suponen el 35,27% de las denuncias. Por países, después de España, la mayoría de los desaparecidos proceden de Marruecos, Rumanía, Ecuador, Colombia, Argelia, Guinea, Brasil, Bolivia, República Dominicana y Perú. Por grupos de edad, más de la mitad de las denuncias activas corresponden a la franja de entre los 13 y los 17 años. Le siguen los que tienen entre 18 y 35 y entre 36 y 65, con guarismos parecidos. Los ancianos y los niños menores de 13 años representan un porcentaje muy bajo del total.

Uno de los nuevos apartados incluidos en el último informe es el de la reincidencia. De las 202.529 denuncias totales desde que hay registros, 97.645 corresponden a hechos denunciados por la desaparición de personas en una sola ocasión, y 23.468 son personas que reincidieron. Así, se contabilizan un total de 121.113 personas de las que se ha denunciado su desaparición.

Tres de cada cuatro casos de la provincia de Sevilla son menores de edad. En España esa proporción es de dos tercios. De las 2.839 denuncias activas sobre menores de edad, son 1.059 las que corresponden a extranjeros fugados de centros de acogida y que siguen bajo la tutela de la entidad pública correspondiente. Estas denuncias se interpusieron principalmente en los años 2017, 2018 y 2019, coincidiendo con la mayor afluencia de la inmigración irregular. Durante los últimos años, la Policía y la Guardia Civil recibieron 40.918 denuncias correspondientes a menores extranjeros escapados de centros. De ellas, en un 76,56% de los casos las personas fueron localizadas y en un 20,85% han pasado al estado cesado-latente. Sólo el 2,59% continúan activas.

Otro de los conceptos novedosos del informe es el de la duración de las desapariciones. El 23,68% se resolvieron en menos de 48 horas, el 29% tardaron entre 2 y 4 días y el 11% entre 5 y 7. Las que se esclarecieron en un periodo de 8 a 14 días fueron el 7,58% del total. Sólo el 8% duraron más de 181 días, que suelen los casos que se quedan sin resolución.